En medio del temor por una posible recesión global, que afectaría toda la economía como lo advirtió el Banco Mundial, el gasto en el presupuesto estatal para 2023 continúa teniendo un mayor peso que las inversiones, con el agravante que Panamá estará en periodo preelectoral.
El presupuesto general del Estado reformulado por $27 mil 579 millones para el próximo año fue sancionado por el Ejecutivo a través de la Ley 336 del 14 de noviembre de 2022 y publicado en Gaceta Oficial.
Originalmente, el Ejecutivo propuso un presupuesto por $27 mil 162 millones para 2023, pero luego de las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y tras el sustento de las vistas presupuestarias de cada entidad, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó modificaciones que lo aumentaron en $416.5 millones.
El presupuesto original para 2023, comparado con el presupuesto aprobado para 2022, representaba un aumento de $1,868 millones o 7.4%. En este proyecto original, se contemplaba un déficit fiscal de $2,194 millones para 2023, una cifra que equivaldría a un 3% del producto interno bruto (PIB) proyectado para el fin del año señalado por ley para el próximo ejercicio.
Del total del presupuesto modificado para 2023 se proyectan $18,436 millones en ingresos corrientes y $9,142 millones en ingresos de capital. En gastos corrientes se proyectan $15,928 millones y de capital, $11,650 millones.
Tras la modificación, el director de presupuesto del MEF, Carlos González dijo que el aumento en el presupuesto fue posible gracias a que se examinaron las partidas asignadas a las entidades y a que las condiciones económicas del país han mejorado, lo que posibilitó reevaluar lo asignado a las instituciones.
Con base a los incrementos que solicitaron las distintas instituciones el monto llegaba a unos $2,500 millones, sin embargo, no fue posible llegar hasta esa cantidad.
Dentro de los gastos corrientes el mayor monto se destina a servicios personales o pago de planilla con $4,142 millones, mientras que $2,219 millones se presupuestan para el pago de intereses de la deuda.
Retiro voluntario
En la ley de presupuesto se incluye el artículo 363 en el cual se señala un programa de retiro voluntario. “El Gobierno Nacional adoptará y reglamentará un programa de retiro voluntario, para lo cual creará las partidas presupuestarias que permitirán cubrir una indemnización a los servidores públicos que se acojan a este”, señala la ley.
La ley de presupuesto, que comenzará a regir el 1 de enero de 2023, indica que “las vacantes producto de tales retiros serán eliminadas de la estructura de puestos de cada entidad. El saldo no comprometido en las asignaciones de sueldos fijos de las posiciones eliminadas y los ahorros que produzcan el Estado como patrono se transferirán a una partida presupuestaria que se creará para tal propósito denominada Fondo de Retiro Voluntario”.
Desde julio de 2019, cuando se inició la administración del presidente Laurentino Cortizo a julio de 2022, se nombraron unos 16 mil 936 funcionarios en la planilla y el gasto en salario mensual aumentó $62.5 millones, según datos registrados por la Contraloría General de la República.
Después de tres años, en julio de 2022, el número de servidores públicos de la planilla estatal ascendió a 255 mil 184 funcionarios con un gasto mensual en sueldos de $412 millones. El acumulado del gasto en salarios en estos primeros siete meses de 2022 sumó $2,814 millones. El Ejecutivo prometió reducir en un 10% el gasto de las planilla para contener el gasto, pero aún se desconoce cómo se aplicará esta medida.
Asamblea impulsó cambios
Luego que los diputados de la Comisión de Presupuestos concluyeran la etapa de vistas presupuestarias de unas 90 instituciones, en base a las solicitudes que las entidades públicas elevaron estas sugerencias al Ejecutivo, con las cuales se presentaron las modificaciones.
Con la reformulación, algunas instituciones tuvieron disminuciones de los montos aprobados previamente, mientras que a otras se les incrementó el presupuesto. Por ejemplo, para inversiones a la Universidad Autónoma de Chiriquí, se le aumentó $3.7 millones; a la Autoridad Nacional de Descentralización, $30 millones; a la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología, $3 millones; y a la Universidad Marítima de Panamá, $5 millones, entre otras.
Según el MEF, las modificaciones beneficiarán a los sectores de desarrollo de los servicios sociales, con $320 millones; Desarrollo Ambiental y Tecnológico, con $26 millones; Desarrollo de Infraestructura, $105 millones; Desarrollo y fomento de la Producción, $48 millones y Servicios Generales, con $54 millones.
