El sector de la construcción históricamente ha sufrido las consecuencias de los pagos atrasados por las obras estatales que ejecuta, lo que acarrea mayores costos, que finalmente terminan siendo trasladados a toda la cadena productiva involucrada en la industria.
En este momento el Gobierno adeuda cerca de 286 millones de dólares a 38 empresas proveedoras que han dado sus servicios en 18 entidades, destacando proyectos viales, escuelas y hospitales.
Así lo reveló Carlos Allen, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), quien dijo a este diario que han mantenido conversaciones con funcionarios del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas, intentando que se agilice el pago de los trabajos realizados para obtener la liquidez que se necesita en el proceso de reactivación económica que vive el país.
Allen recordó que el año pasado se consignó un crédito extraordinario de 300 millones de dólares, el cual sirvió para pagar las cuentas atrasadas del año 2021, pero quedaron pendientes los compromisos del 2022.
En algunos casos, las cuentas por pagar ya tienen un presupuesto asignado, pero se encuentran bajo el trámite interno de la entidad contratante o la validación de la Contraloría General de la República.
En este sentido apeló a la necesidad de contar con los recursos financieros para que las constructoras, cerradas durante 6 meses en el 2020 como medida de control de la covid-19, logren una óptima reactivación económica y se puedan reanudar las obras que todavía se encuentran suspendidas.
En este terreno de las deudas reveló que existen otros $50 millones correspondiente al Fondo Solidario de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
El programa implica un aporte o subsidio de 10 mil dólares que se otorga a través del Miviot a las personas que desean adquirir su primera vivienda, y cuyo precio de venta no exceda los 70 mil dólares.
Se calcula que unos 220 proyectos privados están afiliados al programa.
“A los promotores - que forman parte de la Capac- se les deben cerca de 50 millones de dólares. Y hay que gestionarlos rápido para que el programa tenga sentido”, dijo Allen.
El subsidio de 10 mil dólares se convierte en un incentivo para las familias con presupuestos limitados y también en un beneficio para las promotoras que participan en la construcción de viviendas por debajo del rango de los 70 mil dólares.
De acuerdo con lo que establece el programa, el Ministerio de Economía y Finanzas debe depositar anualmente en el Banco Nacional de Panamá los recursos asignados en el presupuesto general del Estado al Miviot para el Fondo Solidario de Vivienda.
Una vez se logra este paso, corresponde al Banco Nacional expedir las cartas promesas de pago a las promotoras o a las instituciones financieras.
El promotor inmobiliario puede ceder a los bancos el producto de dicha carta promesa de pago por los 10 mil dólares aprobados por el Miviot.
Las instituciones bancarias que participan del programa son las responsables directas de otorgar el financiamiento y de administrar los préstamos hipotecarios que se generen, conforme a las características de aprobación establecidas en el programa.
Para que el fondo funcione se necesitan 60 millones de dólares anuales, reiteró Allen.
“En los últimos meses hemos gestionado ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que tome las medidas pertinentes y disponga de las partidas necesarias a fin de mantener vigente el fondo, que en los últimos años ha sido un factor determinante para que miles de familias puedan adquirir una vivienda propia”, afirmó el empresario.
