El balance fiscal del sector público no financiero arrojó un déficit de $3,527.3 millones en el periodo entre enero y septiembre, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto significa que en los nueve primeros meses del año los gastos superaron en esa magnitud a los ingresos recaudados.
El déficit se redujo en $499.5 millones o 12.4% al compararse con el mismo periodo del año anterior, cuando el desbalance entre ingresos y gastos fue de $4,026.7 millones.
La rebaja del déficit se produce principalmente por el aumento de los ingresos, que pasaron de $7,677.1 millones en septiembre de 2021 a $8,205.6 millones en el mismo periodo de este año, registrando un aumento de $528.5 millones o 6.9%.
El MEF destacó el crecimiento de los ingresos del gobierno central, que repuntaron $460.9 millones, debido a mayores recaudaciones tributarias impulsadas por la mayor actividad económica.
De igual forma, mejoraron los ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS) en $218.5 millones, ante una mayor recaudación de cuotas debido a la paulatina recuperación del empleo en el sector privado, señaló el MEF en su reporte.
El impulso en la recaudación viene dado principalmente por el desempeño de los ingresos tributarios, que aumentaron en $736.9 millones o 21.9%.
En este sentido destaca el aporte adicional del impuesto sobre la renta retenido sobre personas jurídicas y los impuestos a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios (Itbms) sobre ventas e importaciones.
El MEF destacó que “estos tres gravámenes, que fueron de los que registraron mayor caída en términos de valor al inicio de la pandemia, en conjunto, representaron un 63.6% del incremento de la recaudación tributaria en efectivo”.
La diferencia entre 2021 y 2022 se explica principalmente por los mayores niveles de actividad económica una vez que se fueron levantando las restricciones impuestas en la pandemia.
A pesar del mejor desempeño de los ingresos, los gastos los superan y el balance sigue siendo, por lo tanto, ampliamente deficitario.
Los gastos totales se mantuvieron en un nivel similar al ejercicio anterior, alcanzando los $11,732.8 millones, es decir, $29 millones o 0.2% más que en el mismo periodo del año anterior.
El principal componente del gasto público es el corriente, es decir, el destinado a cubrir las operaciones del aparato estatal y los intereses de la deuda.
Hasta septiembre, el gasto corriente fue de $9,020.8 millones, un ligero descenso de 1% o $94.7 millones cuando se compara con el mismo periodo del año anterior.
Dentro del gobierno central, la principal partida del gasto corriente fue para cubrir los servicios personales o planilla, gasto que totalizó $2,914.9 millones, es decir, un aumento de $96 millones cuando se compara con el mismo periodo del año anterior.
Por su parte, el gasto de capital de todo el sector público no financiero totalizó $2,712 millones, cifra que refleja un aumento de $123.7 millones o 4.8%.
Entre los principales gastos de capital destacan proyectos ejecutados por el Metro de Panamá, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, así como los pagos del programa Panamá Solidario, ayudas económicas a familias afectadas por la crisis económica derivada de las restricciones impuestas durante la pandemia, que al tercer trimestre del año suman $363.8 millones, según el MEF.
El economista Olmedo Estrada reclamó recortes en áreas como planilla y subsidios que vayan encaminados a reducir el déficit fiscal, porque “al final lo que estamos es endeudando al país”, teniendo en cuenta que el déficit debe ser cubierto asumiendo deuda.
Menos límite de déficit
El Gobierno debe reducir este año el déficit fiscal para cumplir con los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
En 2020, cuando estalló la pandemia, el Gobierno modificó el límite de déficit para dar cabida a la caída de ingresos y al aumento del gasto, llevándolo hasta un rango entre 10% y 10.5% del producto interno bruto (PIB).
En 2021 el techo estuvo en un rango entre 7% y 7.5% del PIB, mientras que para este 2022 el objetivo es de 4% del PIB.
Mientras los gastos del Gobierno tienen un comportamiento más constante a lo largo del año, los ingresos son más estacionales y se concentran principalmente en el último trimestre del año, específicamente en diciembre, cuando se reciben los aportes del Canal de Panamá.
Hasta septiembre, el déficit equivale al 5.17% del PIB proyectado para el cierre del año, mientras que el tope establecido por ley se refiere al balance fiscal del ejercicio completo.
Habitualmente esa inyección de ingresos balancea en alguna medida las cuentas, aunque por otra parte en la segunda mitad del año también hay presiones adicionales por el lado del gasto, como por ejemplo la extensión de los subsidios ligados a la pandemia y los nuevos subsidios para congelar el precio del combustible, una medida aprobada al calor de las protestas del julio.
Además, aunque los ingresos crecen sustancialmente en comparación al ejercicio anterior, no están alcanzando los niveles presupuestados, lo que también podría añadir presión a la hora de cumplir con el objetivo de déficit.
Para los próximos ejercicios, se sumarán nuevos desafíos para cumplir con una ley que impone cada año límites de déficit más estrechos.
Entre esos retos destaca como el más importante la crisis del programa de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), cuyas reservas se agotarán en 2023 y 2024 si no se toma ninguna medida al respecto.
En un escenario de agotamiento de las reservas que alimentan las pensiones, el Gobierno debería cubrir ese gasto elevando las transferencias.
Esta es una realidad que se conoce desde hace tiempo, pero en las últimas administraciones no se han tomado decisiones encaminadas a procurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
“No quieren enfrentar una realidad que es una bomba que en cualquier momento va a explotar. Va a haber una presión fiscal importante”, dijo Estrada.
Las crecientes presiones fiscales por la falta de respuesta de Gobierno ante la crisis de la CSS, una estructura de gasto más rígida por el aumento de planilla, subsidios e intereses de la deuda, junto con unos ingresos que no cumplen las previsiones llevaron a la agencia Moody´s Investors Service a cambiar la perspectiva de la calificación soberana de Panamá de estable a negativa, lo que significa que hay mayores probabilidades de una eventual rebaja de la calificación de riesgo.
