Promesa incumplida. El año pasado el Gobierno prometió reducir la cantidad de funcionarios, al estimar que unas 20,000 personas saldrían de la planilla estatal como parte de las medidas de austeridad, lo que sonaba como una estrategia razonable cuando todo un país, en especial el sector privado, se apretaba el cinturón para frenar los gastos en medio y después de la dura pandemia de la covid-19.
Pero concluido el periodo fiscal de 2022, quedó en evidencia que se destinaron $4,880 millones en el pago de servicios personales, lo que representó $141 millones más que lo destinado a este renglón en 2021.
Ahora, transcurrido los primeros meses de este 2023, las cosas siguen por el mismo curso.
De enero a abril de 2023 el gasto en planilla totalizó $1,616, lo que es igual a $35.5 millones más que en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con información de la Contraloría General de la República.
Todo este dinero para pagar los salarios de 249,620 funcionarios registrados al mes de abril.
Dicha información de gastos incluye las nóminas de 93 entidades del sector público, distribuidas en 28 instituciones del gobierno central, 41 instituciones descentralizadas, 16 empresas públicas y 8 intermediarios financieros.
Pero excluye a la Autoridad del Canal de Panamá, patronatos y los municipios, con excepción del pago a los representantes de corregimiento.
Igualmente se excluyen los pagos por horas extras, vigencias expiradas, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones y funcionarios eventuales de proyectos de inversión, lo que evidentemente abultaría aún más el gasto en planilla.
De acuerdo con las cifras validadas por la Contraloría, al ver el comportamiento de los cuatro meses de este año, se observa un alza promedio de 2,854 funcionarios, al pasar de 243,810 a 246,664, en promedio.
Sin embargo, para el mes de abril, el reporte daba cuenta de 249,620 funcionarios inscritos, contabilizando a unos 228,207 permanentes y 21,413 eventuales.
Cuando se comparan las cifras específicamente de abril de 2023 con las de igual periodo en 2022, la planilla pagada del sector público registró un aumento de 519 funcionarios (0.2%), desglosados en un alza de 2,695 funcionarios permanentes (1.2%), mientras que los trabajadores eventuales disminuyeron en 2,176 (9.2%).
El aumento de los funcionarios permanentes se ubica principalmente en el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Órgano Judicial y la Asamblea Nacional de Diputados.
El economista Felipe Chapman indica que hay poco que agregar frente a las cifras, más allá del clientelismo que se puede estar dando en temporada de elecciones.
El presupuesto general del Estado de este año alcanza los $27 mil 579 millones.
Originalmente, el Ejecutivo propuso un presupuesto por $27 mil 162 millones para 2023, pero luego de las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y tras el sustento de las vistas presupuestarias de cada entidad, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó modificaciones que lo aumentaron en $416.5 millones.
Dentro de los gastos corrientes el mayor monto se destina a servicios personales o pago de planilla con $4,142 millones, mientras que $2,219 millones se presupuestan para el pago de intereses de la deuda.
Ya en el pago de planilla se han agotado $1,616 millones en solo cuatro meses de este año.
El economista Ernesto Bazán recordó que una cosa es el gasto con un beneficio social y otra el despilfarro de los fondos públicos.
“No se puede seguir gastando más de lo que tenemos, y los peor es que se cubre con más deuda”, acentúo.
Con una mirada crítica de la actual situación, indicó que cuando no hay una fiscalización efectiva, el Gobierno no hace un buen uso de los recursos de los ciudadanos.
En este sentido, responsabiliza al MEF del “despilfarro salarial”, al ser la entidad que firma y autoriza todas las solicitudes presupuestarias, y a la Contraloría General de la República, que no hace observaciones importantes respecto al desempeño del gasto, cada vez más grande.
“Los países que buscan ser eficientes reducen sus gastos y se enfocan en los que tienen un rédito social, en vez de darle prioridad al despilfarro diplomático, presupuestos generosos de publicidad o el despliegue innecesario en seguridad”.
El aumento del gasto en intereses de la deuda pública, en subsidios y en planilla estatal han reducido la flexibilidad del gasto del país en los últimos años.
Esto ocurre porque si aumentan los gastos que se consideran fijos y que son difíciles de reducir, se limita la capacidad para hacer gasto de inversión, el más beneficioso desde el punto de vista económico.
A juicio de Bazán el país está frente a una “bomba de tiempo que explotará en las narices del próximo Gobierno, sea quien sea el candidato que llegue a la Presidencia de la República en 2024″.
Esta afirmación la sustenta con el alza de gastos corrientes, la crisis del subsistema exclusivamente de beneficio definido de pensiones y el empleo informal que bordea el 50%, aunado a una sociedad que está perdiendo la esperanza”.
El consultor René Quevedo, ha hablado de una peligrosa estatización del empleo.
La economía está generando un tercio menos empleos formales y más del triple de los informales que en el año prepandemia.
La disminución en la tasa de desempleo, de 18.5% en el 2020 a 9.9% en abril de 2022 se debe principalmente al aumento de los informales y el incremento de funcionarios.
La meta del temido déficit
En 2020, tras el impacto económico causado por las restricciones impuestas en la pandemia, el Gobierno elevó sustancialmente el límite de déficit permitido por ley para dar espacio al aumento del gasto y la fuerte caída de ingresos.
De un límite de 10.5% en 2020, se iría bajando paulatinamente a un 7.5% en 2021, un 4% en 2022, un 3% en 2023, un 2% en 2024 y un 1.5% de 2025 en adelante.
El aumento del déficit en los últimos años refleja el alza en los niveles de deuda pública, y con la reducción del déficit se busca que el ritmo de endeudamiento se vaya reduciendo.
Para agencias calificadoras como Fitch, sin una estrategia de consolidación clara, será un desafío cumplir con unos objetivos de déficit cada vez más restrictivos.
Para lograr el objetivo, el Gobierno debe reducir el déficit fiscal para cumplir con los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, pero el principal componente del gasto público, que es el que se destina a cubrir las operaciones y los intereses de la deuda, no cede.
