La Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) avanza con el proceso de carga de la información en el registro único de beneficiarios finales. Según información compartida por el regulador, ya había información de 38,468 personas jurídicas en el registro el pasado 11 de octubre, cifra que equivale a algo más del 13% de las cerca de 291 mil personas jurídicas activas a la misma fecha.
Dayra Carrizo, superintendente de Sujetos No Financieros, comentó que actualmente están en la segunda etapa dentro de la fase de carga de información, proceso que se está haciendo por invitación del regulador.
En una primera etapa se incorporó a 40 grandes firmas de abogados, que manejan un gran número de clientes, para iniciar la carga de la información de los beneficiarios finales y el proceso de acompañamiento por parte del regulador.
Actualmente, se sigue con la etapa dos, con la participación de otras firmas de abogados, y, en última instancia, se invitará a personas naturales que ejercen como agentes residentes, y se estará trabajando de manera paralela la carga de información por parte de las firmas y de las personas naturales.
Carrizo calcula que para el final del primer cuatrimestre del próximo año, si no hay contratiempos técnicos, la mayoría de las personas jurídicas activas deberían tener la información cargada en el sistema.
Mientras tanto, el regulador ha ido dictando ciclos de capacitaciones a distintos actores, incluyendo el lanzamiento reciente de una “guía de identificación de beneficiarios finales para sujetos obligados no financieros”.
Implementación
El proceso de carga de la información avanza, pero con retraso, ya que la norma que estableció la creación del registro único de beneficiarios finales data de marzo de 2020 y fue posteriormente modificada en noviembre de 2021.
La guía presentada por el regulador de sujetos no financieros contiene una serie de antecedentes y explicaciones sobre la importancia de la correcta identificación de los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas, que son las personas naturales que las controlan en última instancia.
“Esconder y opacar la figura de quienes finalmente ostentan la titularidad de los activos de una empresa habilita la comisión de múltiples delitos que afectan profundamente la aplicación de las leyes nacionales e internacionales, vulneran la seguridad y estabilidad de los sistemas financieros y, por tanto, la economía de los estados. Más allá, permite a los responsables ocultarse de la justicia, y disfrutar de bienes obtenidos de actos ilícitos como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, fuga de capitales, entre otros”, señala el documento.
Carrizo califica la adecuada identificación de los beneficiarios finales como un “tema fundamental”, que no solo compete a Panamá, sino que es un asunto global y “uno de los pilares en la prevención del blanqueo de activos”.
Distintos expertos nacionales e internacionales han señalado que para que un registro de beneficiarios finales sea efectivo la información cargada debe ser veraz y estar actualizada.
Carrizo comentó que hay varias claves para que la implementación efectiva del registro sea exitosa. Por un lado está la carga de la información de las personas jurídicas en el sistema, tarea que corresponde a los agentes residentes.
Según la ley, se deben registrar detalles sobre la persona jurídica, como nombre, dirección y actividad principal, entre otros, y del beneficiario final, como nombre completo, número de cédula o pasaporte, fecha de nacimiento y nacionalidad, entre otros.
Las entidades legales cuya información debe ser cargada son las sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades extranjeras registradas en Panamá, señalaron desde el regulador.
Carrizo destacó también la capacidad de verificación de la información por parte de la propia Superintendencia. “Ya nosotros, por medio de las supervisiones, verificamos que los agentes residentes tengan información de los beneficiarios finales y que la misma sea verificable y actualizada”.
Además, aunque la SSNF es quien custodia el registro y regula a los agentes residentes, Carrizo se refiere a la importancia de una colaboración efectiva con otras instituciones que pueden tener algún vínculo con el registro y con la información, como puede ser la Dirección General de Ingresos, el Registro Público o el Órgano Judicial.
Panamá está recibiendo asesoría de distintos organismos internacionales en el proceso de fortalecimiento del régimen de prevención de lavado de activos.
Uno de ellos es EU Global Facility, entidad ligada a la Comisión Europea que brinda asesoramiento técnico a terceros países para reforzar sus regímenes de prevención.
Alexandre Taymans, experto sobre beneficiarios finales del EU Global Facility, comentó que el sector privado es un actor clave en el marco de prevención de blanqueo de capitales.
El experto compartió que la implementación de estándares sobre beneficiario final representa desafíos para los países.
Consultado al respecto, explicó que desde el punto de vista legal, existen retos para lograr un marco legal alineado con los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y que se pueda comprender e implementar por los distintos actores, ya que, dijo, hay muchos tipos de entidades jurídicas o estructuras y por lo tanto el marco legal debe abarcar muchas situaciones diferentes.
También se refirió a la importancia de asegurar la calidad de la información que está disponible, a los aspectos tecnológicos ligados a los registros de beneficiarios, especialmente para aquellos que están en sus primeras etapas de desarrollo, y a la coordinación y colaboración entre los distintos actores, tanto del sector público como del privado, al ser este un asunto transversal que involucra a muchas partes.
En Panamá, las autoridades optaron por un registro único de beneficiarios finales de carácter privado, es decir, que solamente podrán solicitar información una serie de autoridades competentes identificadas por ley. No será una herramienta de acceso público, como sucede en otras jurisdicciones.
Compromiso con GAFI
La puesta en marcha del registro es una de las cartas de presentación de Panamá en un nuevo proceso de evaluación ante el GAFI, que ya arrancó en septiembre con una reunión cara a cara y cuyos resultados se conocerán en la próxima plenaria del organismo internacional.
Panamá tiene aún cuatro acciones pendientes por cumplir de un total de 15 plasmadas en el plan pactado en 2019, cuando el país ingresó en la lista. En las últimas evaluaciones se ha ido reduciendo el número de acciones pendientes, pero el GAFI no ha rebajado el tono de urgencia sobre la necesidad de completar el plan de acción, que ya tiene todos sus plazos vencidos.
Antes de una eventual salida de la lista gris, el GAFI debe avalar primero el avance en el cumplimiento del plan de acción y posteriormente hacer una visita “in situ” al país para verificar las mejoras en el régimen de prevención de blanqueo de capitales, por lo que debido a los tiempos y procesos de evaluación que maneja el GAFI no se espera que el país salga de la lista este año, un escenario que sería más probable para el próximo ejercicio.
