Los cambios por $450.8 millones en las asignaciones del presupuesto general del Estado de 2027 marcaron el acalorado inicio del primer debate en la Asamblea Nacional este lunes 26 de octubre.

Aunque el monto total se mantiene en $35,111.7 millones, las reasignaciones de recursos generaron cuestionamientos sobre los criterios para aumentar las partidas de algunas instituciones mientras otras mantienen necesidades presupuestarias pendientes.

El diputado de la coalición Vamos, Luis Duke, cuestionó los fondos destinados a proyectos del Ministerio de la Presidencia frente a las necesidades de hospitales públicos, mientras que su copartidaria Yamireliz Chong pidió explicaciones sobre los aumentos a 10 instituciones que no figuraban en las recomendaciones que previamente hizo la Comisión de Presupuesto.

La sesión comenzó con la lectura de la Resolución de Gabinete 116 del 20 de octubre de 2026, que modificó las asignaciones de gasto sin alterar el monto total del presupuesto. Los cambios contemplan $275.8 millones para el gobierno central y $174.9 millones para las entidades descentralizadas.

El intercambio tomó fuerza cuando Duke cuestionó los recursos destinados a proyectos del Ministerio de la Presidencia frente a las necesidades presupuestarias de cuatro hospitales públicos. La discusión subió de tono y obligó a suspender momentáneamente la sesión.

Duke cuestionó los $10 millones destinados a la restauración del Palacio Presidencial y otros $4.4 millones para la rehabilitación de la villa diplomática en Quarry Heights. Preguntó si esas inversiones debían tener prioridad frente a las necesidades de los hospitales Nicolás Solano, el Instituto Oncológico Nacional, el Hospital del Niño y el centro materno infantil.

Según las cifras expuestas por el diputado durante el debate, el Nicolás Solano requiere $14.5 millones; el Instituto Oncológico Nacional, $25.6 millones; el Hospital del Niño, $29.5 millones; y el centro materno infantil, $33.3 millones. En total, las necesidades señaladas por Duke rondan los $103 millones.

Otro de sus cuestionamientos fue la asignación para una oficina de la vicepresidencia de la República, pese a que el país no tiene un vicepresidente en funciones. Duke señaló que esa oficina recibió $143,000 en 2025, $144,000 en 2026 y tiene asignados $145,000 en el proyecto presupuestario de 2027.

Chapman defendió la propuesta presupuestaria y la calificó como responsable y ejecutable. Explicó que las solicitudes presentadas por las distintas instituciones superaban los $40,000 millones, por lo que atenderlas en su totalidad no sería fiscalmente viable.

El funcionario afirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estaba reduciendo en más de $2,600 millones el servicio o pago la deuda, producto de un mejor manejo y la reducción de tasas de interés para el país.

También sostuvo que volver a discutir cada uno de los puntos abordados durante las vistas presupuestarias impediría cumplir con el plazo constitucional para aprobar el Presupuesto General del Estado antes del 31 de octubre.

Chapman explicó que la sesión tenía como propósito examinar los ajustes derivados de las recomendaciones presentadas por la Comisión de Presupuesto. Aclaró que las recomendaciones eran de la comisión legislativa, no del MEF, y señaló que el Ejecutivo las había aceptado todas, excepto las relacionadas con el terremoto para el presupuesto de 2027.

Justificó esa excepción al señalar que los recursos para atender la emergencia no podían esperar hasta 2027, sino que debían utilizarse de inmediato. Aseguró que el MEF había tomado medidas para que las instituciones estatales dispusieran de fondos para atender a los hogares afectados.

Durante el intercambio, Chapman afirmó que Duke lo había llamado “mentiroso”, algo que el diputado negó. La discusión obligó a la mesa directiva a intervenir para pedir que se mantuviera el tono adecuado y, posteriormente, se decretó un receso.

Se reanudó el debate y los diputados continuaron cuestionando la partida.

Entonces, la diputada Chong puso el foco en la diferencia entre las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto y los cambios aprobados posteriormente por el Consejo de Gabinete.

Según expuso, la Comisión había recomendado ajustes para 21 instituciones, por un monto cercano a los $200 millones. Sin embargo, la resolución del Ejecutivo incorporó modificaciones por $450.8 millones, de los cuales $186.8 millones correspondían a recomendaciones de la Asamblea, y extendió los aumentos a 31 instituciones.

Chong pidió a Chapman explicar los criterios utilizados para incluir a las 10 entidades adicionales, cuyos aumentos no habían sido solicitados por la comisión legislativa.

Entre los ejemplos que mencionó estaban los ministerios de Trabajo y Desarrollo Laboral y de Ambiente; el propio Ministerio de Economía y Finanzas, con $89.2 millones; el Instituto de Innovación; la Zona Franca del Barú; el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), con $14.6 millones; el Instituto de Mercadeo Agropecuario, con $10 millones; y la Superintendencia de Bancos, con $1.6 millones.

La diputada preguntó cómo se habían definido esos aumentos y de qué partidas se habían reasignado los recursos para mantener sin cambios el monto total del presupuesto.

Chapman respondió que las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto fueron las que abrieron la posibilidad de revisar el proyecto presentado originalmente por el Ejecutivo el 29 de julio. Sostuvo que, sin esas recomendaciones, el presupuesto habría continuado su trámite sin modificaciones.

El ministro añadió que habían transcurrido casi tres meses desde la presentación del proyecto y que las condiciones del país podían cambiar durante ese período.

También señaló que los presupuestos se ajustan de forma dinámica y que los diputados podían cuestionar tanto las recomendaciones de su propia comisión como los cambios posteriores del Ejecutivo.

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