Representantes de gremios empresariales consultados por este diario coincidieron en la importancia que tiene para el país afrontar los retos generados por el flagelo del lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El Ejecutivo presentó el miércoles en el pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de Ley que actualiza el marco legal vigente, del año 2000, sobre prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El proyecto extiende controles y supervisión a alrededor de 30 actividades económicas.
En algunos casos, las empresas tendrán que asumir gastos adicionales, pero según el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, esos costos son menores a los que tendría que soportar la economía si no se toman medidas para prevenir el blanqueo de capitales.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Luis Ford, dijo ayer que “es un tema que no se puede evitar, que se debe afrontar como país porque el mundo nos lo está exigiendo”. Reconoció que “no todo el mundo se siente contento”, pero que hay que enfrentar esta realidad.
Camilo Valdés, abogado que ha participado en las discusiones para la elaboración del proyecto en representación de la Asociación Bancaria de Panamá, dijo que la norma “mejorará la imagen de Panamá y ayudará a salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), algo que es primordial”.
Panamá entró en la lista gris de este organismo internacional el pasado mes de junio, luego de que un informe del Fondo Monetario Internacional revelara las debilidades del sistema.
Para salir de la lista, una de las principales recomendaciones de los organismos es fortalecer el marco legal en la prevención de lavado de capitales. Este es el objetivo del proyecto presentado el miércoles en la Asamblea, que define a una serie de sectores económicos como “sujetos obligados”, lo que implica que estarán supervisados por las superintendencias financieras o el propio Ministerio de Economía y Finanzas.
Entre los sujetos obligados se encuentran los promotores de bienes raíces, las empresas de juegos de azar, los comerciantes de autos, de piedras y metales preciosos, la Lotería Nacional de Beneficencia, las empresas situadas en la Zona Libre de Colón y los abogados, notarios y contadores públicos autorizados cuando realicen determinadas actividades.
Antonio Alfaro, presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar, dijo que el gremio no plantea ninguna objeción al proyecto de ley, ya que el sector está regulado desde el año 2000 y sus niveles de reporte “son superiores al de la industria en general, incluso en Estados Unidos”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces, Katherine Shahani, dijo que su sector también está obligado a reportar determinadas operaciones en efectivo en la actualidad. No obstante, reconoció que ciertas definiciones introducidas en la norma generarán tareas adicionales a las empresas. “El trabajo de uno como promotor sobre el estudio del cliente va tener que ser más profundo”, acotó.
La empresaria dijo que el sector estaba dispuesto a colaborar, pero que también se había solicitado que algunos procedimientos se hagan de manera más eficiente.
Mientras, el abogado Carlos Ernesto González apuntó que “Panamá debe salir de la lista gris del Gafi y debe hacerlo de manera inteligente, afectando mínimamente nuestra competitividad y respetando las normas constitucionales y de derecho internacional público que protegen la privacidad”.