La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó este martes, 4 de octubre, en primer debate el proyecto de ley 296 que otorga un crédito fiscal como reconocimiento de los costos administrativos en que incurran los agentes de retención del Impuesto de Transferencias de Bienes Muebles y Servicios (Itbms).
De acuerdo con el jefe de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio Cortés, el proyecto tiene una relación directa con los mecanismos nuevos de retención del Itbms que se implementaron a partir de febrero de este año y que han tenido un impacto en la mejoría de la recaudación del Itbms, que está generando ingresos tributarios 25% superiores comparados con el años pasado.
Indicó que para aplicar este mecanismo de retención el sector privado está colaborando con la administración pública porque el Estado le impuso la obligación a una cantidad de empresas de retener en parte del Itbms para combatir la evasión.
“Lo que hace este proyecto es un acto de justicia y reconocerle un crédito fiscal a las empresas que han colaborado en la implementación de este mecanismos de retención para que en la declaración de renta del años próximo se puedan tomar el crédito por los gastos que el Estado le ha generado al imponerle esa obligación”, indicó.
Esta instancia también aprobó en primer debate el proyecto de ley 384 que crea el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales.
En tal sentido, el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, el diputado Adolfo Valderrama explicó que se trata de una propuesta para dar cumplimiento de los estándares internacionales en materia de intercambio de información tributaria.
“Panamá no escapa de esa tendencia que hay que cumplir y el gobierno está siendo responsable para no pasar a listas grises ni mucho menos tener un rango negativo, que le restaría a nivel de credibilidad a un país que en ese nivel está fortaleciendo su imagen internacional”.
Manifestó que se están buscando los consensos con los sectores involucrados para modernizar al país hacia las tendencias mundiales de transparencia, y cumplir con las exigencias de los organismos internacionales en esta materia.