La Asociación Bancaria de Panamá exhortó que los procesos que anunció la Superintendencia de Bancos de Panamá en el que están mencionados "uno o varios bancos" se lleven a cabo "con la rigurosidad necesaria, en estricto apego al debido proceso y a la correcta administración pública y de la justicia".
A la vez pidió a la ciudadanía hacer caso omiso a rumores o informaciones "falsas o mal intencionadas", que puedan divulgarse y que crean un ambiente de "incertidumbre y atentan contra la ley", en relación supuestas intervenciones a otras entidades bancarias.
En un comunicado, la Asociación Bancaria hace el llamado a la prudencia y al uso responsable de información, y pide comprobar previamente la información que se divulga relacionada con las entidades bancarias, "porque al difundirlas sin la debida verificación, se ocasiona un daño en el terreno nacional e internacional, no solamente al sistema bancario panameño, sino también a nuestra economía y sociedad en general".
A su vez aclara que pese al hecho de que las entidades sean llamadas a suministrar información o inspeccionados por alguna autoridad competente no implica que haya algún incumplimiento en sus obligaciones regulatorias o legales.
"En cualquier caso, corresponderá a dichas autoridades, de acuerdo con las normas pertinentes, determinar el grado de responsabilidad que corresponda a cada banco, si la hubiere", añade la Asociación.
En la actualidad, el Centro Bancario Internacional de Panamá tiene activos que alcanzan los $111 mil 385 millones, que genera 23 mil empleos directos y aporta cerca del 10% del Producto Interno Bruto.
Los niveles de liquidez y de solvencia están por encima de lo que exige la normativa vigente, destaca la Asociación. "Al cierre del mes de mayo la liquidez se ubicó en el orden del 61.9%, muy superior al mínimo requerido ubicado en 30%", dice el comunicado.
La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó el 5 de junio pasado la suspensión de las operaciones del Banco Universal, propiedad de la familia de Felipe "Pipo" Virzi, actualmente investigado por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales.
La "toma de control administrativo y operativo de Banco Universal" sería por 30 días, según resolución firmada por el superintendente de Bancos, Ricardo Fernández. Como administrador interino fue designado Jaime de Gamboa.