La justicia británica asestó el martes un golpe implacable al primer ministro Boris Johnson al considerar "ilegal y sin efecto" su decisión de suspender el parlamento hasta los días previos al brexit, tras lo cual se multiplicaron los llamados a su dimisión.
La decisión de "suspender el parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable", afirmó la presidenta de la Corte Suprema, la jueza Brenda Hale, anunciando una decisión tomada unánimamente por los once magistrados del más alto tribunal.
La medida fue "nula y sin efecto", agregó Hale, asegurando que por lo tanto "el parlamento no fue suspendido".
En consecuencia los diputados volverán a ser convocados el miércoles por la mañana, anunció poco después el presidente de la Cámara de los Comunes, el conservador John Bercow, quien había denunciado la medida como un "ultraje constitucional".
Y cuanto se reúnan de nuevo los legisladores, se anuncian complicaciones para el controvertido primer ministro, en el poder desde finales de julio.
"Debemos hacer que el gobierno rinda cuentas de sus acciones. Ahora Boris Johnson debería dimitir", afirmó el diputado nacionalista escocés Ian Blackford, mientras a las puertas de la Corte Suprema un grupo de manifestantes coreaba "¡Johnson fuera, Johnson fuera!".