La Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá pidió elevar a 500 mil dólares el monto propuesto para constituir delito de defraudación fiscal, proyecto de ley que impulsa el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La propuesta del Gobierno se basa en un monto de $300,000 de defraudación para que sea constituido como delito penal, mientras que en otros países se establecen montos aún más bajos, con más alcance a la población.
La iniciativa surge de una recomendación del Grupo de Acción Financiera (GAFI), y no atenderla podría provocar la inclusión de Panamá en la lista gris del organismo internacional, de la que el país salió en 2016.
En opinión del MEF, la propuesta de modificación de los empresarios debilitaría el proyecto de ley a tal punto que ya el objetivo de la misma se perdería. "Panamá necesita una propuesta robusta. Solicitar que se eleve a $500 mil el monto de defraudación, no demuestra seriedad en combatir el blanqueo de capital", indica el MEF en un comunicado.
Los empresarios también proponen reducir la pena por delito precedente al lavado de dinero de 5 y 12 años, rango que permite que se decrete la detención preventiva de las personas investigadas, a un rango de 2 a 4 años. "En la práctica, una investigación por delito de lavado de activos, con prisión preventiva automática, podría convertirse en una herramienta de persecución política", advierte la Cámara de Comercio.
Este proyecto de ley está en la Asamblea Nacional pendiente de debate.