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INSTITUCIONALIDAD

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura insta a reforzar controles

El gremio empresarial plantea el inicio de un debate para mejorar las instituciones y pone como ejemplo la necesidad de publicar las sanciones contra los bancos.

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La SBP tomó el control administrativo del Balboa Bank & Trust desde el pasado 5 de mayo, cuando el banco apareció en la Lista Clinton. La SBP tomó el control administrativo del Balboa Bank & Trust desde el pasado 5 de mayo, cuando el banco apareció en la Lista Clinton.
La SBP tomó el control administrativo del Balboa Bank & Trust desde el pasado 5 de mayo, cuando el banco apareció en la Lista Clinton. AFP

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá,  Jorge García Icaza, señaló que hace falta reforzar las instituciones encargadas de la supervisión y regulación de las actividades financieras y no financieras para elevar los controles, con el objetivo de que el país salga fortalecido de los escándalos que han salido a la luz pública en los últimos meses.

“El sistema regulatorio, la justicia, el Ministerio Público, las superintendencias del Mercado de Valores y de Banca tienen que seguir siendo fortalecidos. Esta es una conversación que se debe dar en los próximos días, sobre qué cosas tenemos que hacer para fortalecer el sistema”, expresó.

Entre las deficiencias actuales, puso como ejemplo la falta de publicidad sobre las sanciones a los bancos.

La Superintendencia de Bancos de Panamá inició, en los últimos 2 años, 19 inspecciones a bancos, que resultaron en por lo menos 6 sanciones en firme. 

La ley bancaria concede al superintendente la facultad de revelar estas sanciones, pero no lo obliga.

El regulador bancario, Ricardo Fernández, ha dicho varias veces que las sanciones se harán públicas, algo que no ha sucedido aún.

Según García Icaza, “hay bancos que han sido multados, pero no los conocemos. En la medida que esto se empiece a publicar, nos vamos a dar cuenta de que se está haciendo un trabajo”.

También sería este un buen momento para conceder más autonomía a entidades como la Unidad de Análisis Financiero.  

ANTE EL DEBATE DEL CASO WAKED

Dos grupos cuyos vínculos comerciales alcanzan a Abdul Waked Fares han salido al paso para explicar al mercado bursátil su relación con el empresario y descartan que el pago de sus emisiones se vea afectado por dicha conexión. 

Waked Fares es uno los empresarios más poderosos del país, y el pasado 5 de mayo fue fichado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU), entidad que denunció su supuesta participación en una red de lavado de dinero de carácter internacional.

Su poderío en múltiples sectores económicos y su participación accionaria en varias industrias ha generado incertidumbre en el mundo empresarial panameño. Waked Fares era uno de los líderes del retail (venta al detal), con la representación y la distribución de exclusivas marcas, ahora con un futuro incierto en el país.

De allí que Ideal Living Corp, empresa a cargo del proyecto inmobiliario Santa María Golf & Country Club; y Retail Centenario, S.A., desarrollador del recién inaugurado Alta Plaza Mall –vía Centenario– comunicaron a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) lo que se llama “hechos relevantes”.

Alfredo Mello Alemán, presidente de Ideal Living Corp., reportó el 9 de este mes que Waked es propietario del 15.2% de las acciones del grupo, en el que no es ni director ni dignatario.

Precisó que los hechos a los que se les vincula y las consecuentes investigaciones en nada interfieren con la actividad de la empresa y no afectan el repago de los bonos emitidos, toda vez que la deuda cuenta con garantías como bienes inmuebles, productos terminados y cesión de cuentas por cobrar de las ventas del proyecto.

De acuerdo con los reportes de la emisión en la SMV, se trata de una deuda de $10 millones autorizada el 10 de diciembre de 2012.

En el caso de Alta Plaza Mall, Gabriel Diez hizo referencia al programa rotativo de valores por un monto de $230 millones.

En su nota, precisó que en virtud del comunicado del Departamento del Tesoro detallan que las empresas relacionadas con Waked Fares, que son arrendatarias en el centro comercial, ocupan 5 mil 983 metros cuadrados de un área total de 60 mil 191 metros cuadrados, actualmente comercializada. 

Entre estas empresas se encuentran Félix B. Maduro, tiendas MMG y La Riviera Panamá.

El grupo empresarial a cargo de Alta Plaza Mall considera que este hecho no afectará la habilidad de repago de la emisión, toda vez que los arrendatarios en mención solo representan el 10% del total del área destinada a las tiendas.

Este hecho toma importancia porque las autoridades de EU inscribieron a 9 ejecutivos y 68 compañías en la Lista Clinton, al relacionarlos con la red denominada Waked Money Laundering Organization.

Estar en esta lista asfixia a las empresas, ya que los proveedores, empresas y nacionales de EU tienen prohibido hacer negocios con las compañías en la lista.  

A pesar de los pocos efectos colaterales que se vislumbran actualmente en estas dos emisiones, tanto los desarrolladores de Santa María como los de Alta Plaza Mall consideraron prudente publicar los eventos al constituirse en hechos de importancia de los emisores, tal como lo estipula el acuerdo del 31 de marzo de 2008 de la SMV.

Sin embargo, las autoridades y los empresarios reconocen que los efectos reales de ser incluidos en este listado son imprevisibles.

Ante el complejo panorama, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Jorge García Icaza, dijo que ha sido atinada la decisión de nombrar un comité de tres ministros para negociar con el Gobierno de EU y buscar que se extiendan licencias a las empresas bloqueadas para que puedan seguir operando. “Todavía falta mucho camino por recorrer, pero es un paso en la dirección correcta”, dijo García Icaza ayer durante una jornada de capacitación a profesionales sobre el marco regulatorio de la Ley 23 de 2015, de prevención del lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.

El empresario dijo que en el caso de Balboa Bank & Trust, en cuya directiva figura Nidal Waked, y que también fue incluido en la Lista Clinton, la decisión de la Superintendencia de Bancos de tomar el control de la entidad fue apropiada para salvaguardar los intereses de los cuentahabientes. En el caso del banco y del resto de empresas, el objetivo es que los colaboradores no pierdan su puesto de trabajo.

Más allá del devenir de este caso en particular, el empresario dijo que se debe abrir una etapa de cuestionamiento del propio sistema. “Sería como querer tapar el sol con un dedo no cuestionarnos (...) Hay suficientes evidencias en Panamá de que el sistema regulatorio, la justicia, el Ministerio Público, las superintendencias del Mercado de Valores y de Banca tienen que seguir siendo fortalecidas. Se deben asignar más recursos. Esta es una conversación que se debe dar en los próximos días, sobre qué cosas tenemos que hacer para fortalecer el sistema”, expresó el empresario.

Entre las deficiencias que se podrían corregir, García destacó la falta de publicidad de las sanciones a los bancos. La Superintendencia ha sancionado por lo menos a seis bancos producto de procesos abiertos en los últimos dos años, pero el regulador bancario por el momento no ha revelado detalles sobre los bancos sancionados y el monto de las sanciones.

La publicación de las multas enviaría un mensaje de que el sistema está funcionando y de que es “de humanos errar, y cuando se comete un error se castiga y se pone una multa. La idea de la multa es que la gente corrija” esa actuación.

Puso como ejemplo que en Estados Unidos se han impuesto multas millonarias a bancos por haber participado en temas de lavado de dinero, y esto no supuso el fin de operaciones de las empresas multadas. “Así que en Panamá tenemos que ser cautelosos para no entrar en la muerte comercial de las empresas”, matizó.

Otra de las mejoras institucionales que plantea García Icaza tiene que ver con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad dependiente de la Presidencia. A su juicio, este sería un buen momento para iniciar un debate sobre la necesidad de dotar a la entidad de mayor autonomía.

Los dos escándalos recientes, uno vinculado al Grupo Waked y otro por la constitución de sociedades offshore por parte de la firma panameña Mossack Fonseca, han sido revelados por investigaciones internacionales, no producto del trabajo de las instituciones panameñas.

Consultada al respecto, la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo que en el caso de Grupo Waked Internacional las investigaciones se venían haciendo desde hace 10 años y que probablemente “el país entero, desde hace dos gobiernos, no hayamos tenido las instituciones que velaran por esto. Con las nuevas implementaciones que se están realizando, sentimos que debemos seguir fortaleciéndonos de la mano del sector privado”.

Varela de Chinchilla defendió que en los últimos dos años se han aprobado leyes y tomado medidas para fortalecer el marco legal en la prevención del lavado de dinero y que esto ha sido reconocido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que el pasado mes de febrero retiró a Panamá de su lista gris de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo.

El próximo año, Panamá será sometida a una nueva revisión por parte del GAFI para verificar el funcionamiento del marco legal recientemente actualizado. 

Tanto Chinchilla como García Icaza dijeron que estos casos no impactarán las proyecciones de crecimiento económico del país, que se mantendría alrededor de 6% este año. No obstante, sí se reconocen dificultades en sectores importantes como el agropecuario, el turismo y la Zona Libre de Colón.

Para el presidente de la Cámara, en materia turística es pertinente concretar la licitación de la promoción internacional de Panamá y terminar el nuevo centro de convenciones.

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