El proyecto de ley que tipifica la evasión fiscal como un delito y lo incorpora al Código Penal contempla también la posibilidad de eximir la pena “a quien pague el monto de la obligación tributaria defraudada y sus accesorios formales en forma incondicional y total, antes de la sentencia de primera instancia”, beneficio que se otorgará por una sola vez por cada persona natural o jurídica, recoge el proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Gabinete el 1 de diciembre de 2017.
Para que se considere un delito penal, el monto defraudado al fisco intencionadamente debe ser superior a $300,000 en un ejercicio fiscal.
Se estipulan sanciones de 2 a 5 años y multa de hasta 10 veces el importe defraudado para quien cometa el delito a beneficio propio o de un tercero. El proyecto de ley será presentado a la Asamblea Nacional en el próximo periodo legislativo, informó la Presidencia de la República.
Cuando la Dirección General de Ingresos (DGI) tenga conocimiento de un posible caso de defraudación fiscal superior a $300,000 deberá trasladarlo al Tribunal Administrativo Tributario (TAT) para que presente la pertinente denuncia al Ministerio Público si comprueba que se ha cometido un hecho punible. Con la incorporación del TAT en el proceso, el Ejecutivo pretende limitar la arbitrariedad en las decisiones de la DGI.
Varias voces de la sociedad civil, incluyendo gremios empresariales, han advertido del peligro que puede suponer que una ley de este tipo sea utilizada como herramienta de persecución política.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha señalado que la penalización de la evasión fiscal es un estándar internacional con el que Panamá no está cumpliendo.
En un estudio comparativo del delito fiscal encargado por el MEF se determinó que en el continente americano solamente Panamá y Bahamas no consideran la evasión como un delito.
El proyecto, además, incorpora la defraudación fiscal como delito precedente del blanqueo de capitales. En un foro organizado en noviembre por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, el viceministro de Economía, Iván Zarak, dijo que la iniciativa requería del apoyo del sector privado y advirtió de que si Panamá no aprueba el proyecto se expone a ser incluido nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera, organismo internacional que establece recomendaciones y evalúa el cumplimiento de los países en la lucha contra el blanqueo de capitales.