El 26 de diciembre de 2013 el consorcio integrado por las empresas RPL-CSI recibió la orden de proceder para construir la carretera que uniría las comunidades de Cuango y Santa Isabel, en la costa arriba de la provincia de Colón, una región sumergida en la pobreza, pero que se proyecta como el próximo polo de desarrollo turístico del país por el potencial de sus paisajes y playas.
Esta carretera de 18.8 kilómetros debió terminarse en diciembre de 2014, pero para esa fecha el consorcio de capital venezolano solo había logrado un avance de 20%.
RPL-CSI está vinculada a la constructora venezolana Grupo Empresarial Olivo, que fue inscrita en mayo de 2013 en el Registro Público de Panamá y su presidente es Luis Alberto Olivo Tapia.
Ante el evidente incumplimiento en el plazo de construcción, el exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) Jesús Sierra, hoy embajador de Panamá en la Organización de Estados Americanos (OEA), decidió anular el contrato, a pesar de que la empresa había solicitado una prórroga de 12 meses.
En la resolución 086 del 24 de diciembre de 2014, firmada por Sierra, se indica que la obra se había demorado por el atraso en la obtención de los permisos de construcción, lo que era responsabilidad del contratista.
Adicional, indica que a pesar de la solicitud de prórroga, la empresa comunicó de forma informal a la ATP que “no consignaría las fianzas para obtener la prórroga, tal como lo exige la ley”, por lo que se procedió a la anulación del contrato.
Sin embargo, tan solo dos días después de firmada y emitida esa resolución, la ATP presenta una nueva resolución (087), anulando inmediatamente la anterior y restableciendo la relación contractual con RPL-CSI, y de paso otorgando una prórroga de 24 meses para culminar la obra.
Ahora, 18 meses después, el proyecto registra un avance de 59% y la prórroga otorgada por la ATP vence en diciembre próximo. Desde diciembre de 2013 a la fecha la empresa ha recibido adelantos de pago por un monto total de 11.7 millones de dólares, faltando por cancelar 7.8 millones de dólares.
En un recorrido por la zona se pudo observar que la empresa terminó de colocar la primera capa de material selecto (grava y tosca) en los primeros 15 kilómetros, sin embargo, en los restantes tres kilómetros no se ha abierto la trocha por donde pasaría el proyecto.
Fallas ambientales e indemnizaciones
Todo hace pensar que desde sus inicios la construcción de la carretera comenzó con el pie izquierdo. Moradores de las comunidades de Cuango, Playa Chiquita y Palmira señalan que nunca fueron notificados de que el proyecto pasaría por sus propiedades.
Raymundo Salazar comenta que su familia tiene los derechos posesorios desde 1940 sobre 14 hectáreas y explica que gastó más de 900 dólares para volver a delimitar su propiedad, dinero que no sabe si volverá a recuperar. En igual posición están al menos otros 15 propietarios que tienen derechos posesorios desde hace más de 60 años que no saben quién se hará responsable de los daños. Indican que la empresa inició la construcción del proyecto sin contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Gregorio Arrocha fue contratado para abrir el primer camino por donde pasaría la obra. Asegura que los trabajos empezaron en enero de 2014, pero documentos oficiales dan cuenta de que el EIA no fue aprobado hasta el 19 junio de ese año.
Otro de los moradores afectados es Magín González, quien posee 130 hectáreas desde hace 30 años, y comenta que en un inicio se le informó que la empresa pagaría las indemnizaciones, pero añade que debido a la demora, le indicaron que sería el Gobierno el que asumiría el pago.
Ante las faltas ambientales —que datan de inicios de 2014— se conoció que la regional del Ministerio de Ambiente, en la provincia de Colón, mantiene al menos tres procesos abiertos contra RPL y CSI por afectaciones cometidas contra el medioambiente, así como por la extracción de material del río Cuango sin contar con los permisos respectivos.
Cambio de ruta y segunda adenda
Actualmente, la ruta que no ha sido asfaltada llega hasta la comunidad de Palmira, faltando poco más de tres kilómetros para comunicarse con el poblado de Santa Isabel.
Funcionarios de la ATP indicaron que el contratista no ha logrado aún un acuerdo con Pedro Vallarino Cox, dueño de la mayoría de los terrenos por donde pasaría el último tramo de la vía.
Al ser consultado, Vallarino aseguró que no se opuso nunca al proyecto, a pesar de que el contratista introdujo maquinaria pesada en su propiedad sin haberle notificado.
Argumenta que RPL-CSI cambió en tres ocasiones la ruta que pasaría por sus terrenos. “Con las dos primeras opciones yo no tenía problema, pero ahora, la última sería por el frente de playa, que es la que más valor tiene y donde mi familia tiene proyectado hacer inversiones turísticas”, comentó.
Añade que el contratista estableció una primera ruta sin conocer el terreno, incurriendo en gastos adicionales en el movimiento de tierra debido a las empinadas colinas que hay en la zona.
Al igual que los dueños de los terrenos que ya fueron afectados por la obra, Vallarino manifestó que no sabe quién se hará responsable de las indemnizaciones y explica que a pesar de múltiples solicitudes no ha logrado una cita con el administrador de la ATP, Gustavo Him, para explicarle por qué no ha logrado un acuerdo con el contratista.
El alcalde de Santa Isabel, Boris Góndola, comentó que el último tramo de la carretera pasa por terrenos que eran municipales y que están en negociación con el actual dueño para alcanzar un acuerdo. Al respecto, Vallarino expresó que todas sus propiedades fueron adquiridas de personas que tenían derechos posesorios desde hace 50 años.
Con relación a la demora del proyecto, Góndola indicó que la obra se paralizó después del cambio de gobierno, ya que la nueva administración estaba verificando que no hubiese sobrecostos en el proyecto.
Ante la falta de un acuerdo por el uso de los terrenos por donde pasarían los tres kilómetros faltantes, sumado al retraso del permiso para extraer material, así como incongruencias en la calidad del asfalto que se estableció en el pliego de condiciones, que no tiene las características para soportar el tráfico vehicular y las condiciones climáticas, la ATP tramita una segunda adenda para que el contratista termine la obra a finales de 2017, señaló Gustavo Him, administrador de la institución.
Se intentó conocer la opinión del contratista, pero no se obtuvo respuesta a un cuestionario entregado en sus nuevas oficinas. La compañía no ha actualizado sus números telefónicos ni la dirección de su nueva ubicación en su página de internet.
