DEFRAUDACIÓN ADUANERA

Cierran diez locales de ‘La Riviera’ en Guatemala

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El Ministerio Público de Guatemala clausuró ayer las 10 oficinas de La Riviera en el aeropuerto La Aurora por supuesta defraudación fiscal. El Ministerio Público de Guatemala clausuró ayer las 10 oficinas de La Riviera en el aeropuerto La Aurora por supuesta defraudación fiscal.
El Ministerio Público de Guatemala clausuró ayer las 10 oficinas de La Riviera en el aeropuerto La Aurora por supuesta defraudación fiscal. Tomada del diario La Hora

La Fiscalía contra Delitos Administrativos del Ministerio Público de Guatemala cerró ayer 10 locales duty free de la cadena de fragancias, maquillaje y tratamiento ‘La Riviera’ en el aeropuerto La Aurora por supuesta defraudación aduanera.

La Riviera es el nombre comercial de Tiendas Libres de Guatemala, S.A. que forma parte de Grupo Wisa, S.A., una empresa panameña con operaciones en más de 14 países y en los principales aeropuertos de América Latina.

“Cuando se constituyó Tiendas Libres de Guatemala S.A (La Riviera) hubo irregularidades, ya que al debían tener la autorización del congreso para ser una tienda libre y no pagar impuestos. En Guatemala solo existen tres entidades que cuentan con ese permiso. Entre ellos no estaba La Riviera. Aún así la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) los autorizó”, explicó a este diario la fiscal contra Delitos Administrativos, Heidy de León.

En Guatemala solo hay tres organizaciones no gubernamentales autorizadas para administrar los negocios de duty free: Sociedad Protectora del Niño, Asociación Centro de Integración Familiar y la Asociación de Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl.

Estas organizaciones utilizan los beneficios que se generan a través de los duty free para servicios sociales. 

Es un sistema diferente al que se utiliza en otros países como Panamá, donde la operación de duty free es abierta y se otorga mediante una concesión a través de una licitación.

Las investigaciones demuestran que entre 2009 y 2012, la franquicia de belleza alcanzó evasiones de impuestos cerca de los $7.5 millones (59 millones de quetzales),  según contó Julia Barrera, vocera del Ministerio Público guatemalteco. “Por el momento la investigación solo arroja resultados en estas fechas. Pero las pesquisas continúan”, aseguró.

Por este proceso, adelantó De León, la abogada panameña Lucía Touzard Romo sería la única representante de la empresa en enfrentar penalmente este caso, ya que es la firmante en los documentos de instalación de la franquicia.

Touzard Romo, quien es también representante de Grupo Wisa de Panamá, tiene orden de captura internacional y podría enfrentar entre cinco y ocho años de prisión por este delito.

Consultado sobre el cierre de los locales en Guatemala, Juan Luis Correa, vicepresidente corporativo de Grupo Wisa, dijo que la empresa tenía autorización para prestar los servicios.

“Nosotros operamos bajo el régimen especial determinado por el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca) y el Recauca. Y la SAT autorizó la operación, al igual que lo hizo la Dirección de Aeronáutica”, afirmó Correa.

Correa dijo que esta figura permite traer mercancías del extranjero con suspensión de los derechos arancelarios de importación y del impuesto al valor agregado, debido a que la mercadería no entra al país.

Añadió que hoy presentarán un recurso de amparo contra el “cierre temporal decretado para que se reanuden las operaciones cuanto antes, a fin de minimizar los daños que se le van a causar a los más de 100 colaboradores guatemaltecos y a sus familias que dependen de este trabajo para vivir”.

En la fundación de Tiendas Libres de Guatemala también figura Mohamed Abdo Waked Darwich, a quien no se le acusa de ningún delito. Waked Darwich es hijo de Abdul Waked, presidente de Grupo Wisa, en Panamá.

Las otras personas que han sido requeridas por la justicia chapina son los funcionarios de la SAT que participaron en la instalación de ‘La Riviera’. 

Se trata de Rudy Baldemar Villeda Vanegas, exjefe del SAT entre 2008 y 2012; Óscar Humberto Funes Alvarado, exintendente de Aduanas; Mayra Patricia Rodas Ruano, ex jefa de normas de Aduanas; y Lidia Lucrecia Roca Morales, exjefa de Gestión Aduanera de la SAT.

LLEGADA 

Según una investigación de varias entregas por el diario Siglo 21, el gobierno de Óscar Berger modificó en 2007 el Acuerdo Gubernativo 939-2002 para permitir que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) pudiera emitir invitaciones a “personas individuales o jurídicas de reconocido prestigio nacional y/o internacional para ser arrendatarias de áreas dentro de los aeródromos”. Se estipulaba también arrendamientos entre 5 a 15 años.

El medio chapín asegura, y demuestra mediante varios documentos, que la DGAC solo emitió la invitación a una sola empresa: Grupo Wisa.

Precisamente, las únicas tres organizaciones benéficas aprobadas por el congreso guatemalteco para mantener negocios de dutyfree en el Aeropuerto La Aurora le manifestaron a Siglo 21 desconocer esta invitación supuestamente abierta.

El Grupo Wisa no tardó mucho en aceptar la invitación y envió una oferta, la que fue acogida sin problemas por el gobierno guatemalteco.

“Los 10 locales suman un área de 1,229.55 metros cuadrados por los cuales el Grupo Wisa pagará, en concepto de derecho de explotación, y por única vez, poco más de $4.6 millones”, advirtió el diario chapín entonces.

En su investigación, Siglo 21 detectó varias irregularidades en el contrato de alquiler. Por ejemplo, la dirección física de Tiendas Libres de Guatemala. En la supuesta oficina de esta sociedad, ubicada en la Zona 2 de la capital chapina, realmente operaba el Centro Educativo Integral de Guatemala.

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