El Congreso brasileño mantuvo la noche del martes, 17 de noviembre, el veto que la presidenta Dilma Rousseff impuso a un reajuste de hasta el 78% del salario de los empleados del Poder Judicial, debido al efecto que tendría en las maltrechas cuentas públicas del país.
El respaldo a este veto supone una victoria para Rousseff y para el Gobierno, ya que el eventual aumento salarial del Poder Judicial supondría un deterioro de las cuentas públicas de una de las dos mayores economías de Latinoamérica.
El pasado julio, Rousseff argumentó en su veto que el alza de los sueldos generaría para los cofres públicos un coste adicional de más de 25 mil 700 millones de reales (unos 6 mil 745 millones de dólares) durante los próximos cuatro años.
Este aumento, añadió, es incompatible con el severo plan de ajuste fiscal que el Gobierno lleva adelante para reequilibrar sus cuentas.
El resultado de la votación conjunta en el Congreso fue ajustado -251 votaron por derribar el veto y 257 por su manutención-, lo que pone de manifiesto las dificultades de la presidenta para mantener su base de apoyo en el Congreso.
Rousseff, cuya popularidad se ha venido abajo en los últimos meses, ha enfrentado trabas por parte del Legislativo desde comienzos del 2015 debido a la crisis política que azota al país.
Además de las turbulencias políticas, Rousseff enfrenta una delicada situación económica, lastrada por la caída del PIB, el aumento de la inflación y el incremento de las tasas de desempleo. Según los economistas de los bancos privados, la economía brasileña se contraerá este año un 3.10%, el peor resultado en 25 años, mientras que la inflación sobrepasará la barrera del 10%.
A pesar de la victoria anotada el martes, Rousseff todavía deberá convencer al Legislativo para aprobar la batería de medidas que forman parte del ajuste fiscal, el cual pasa por una reducción del gasto público y un aumento de la recaudación a través de la vía tributaria.