La Corte Suprema británica prometió el lunes considerar de manera imparcial el asunto de quién tiene autoridad para iniciar la salida del país de la Unión Europea: el gobierno o el Parlamento.
Los magistrados reconocieron que el caso ha caldeado los ánimos sobre cómo y cuándo separarse del bloque continental, una decisión que se tomó en un referéndum a mediados de año.
Además la batalla legal tendrá graves implicaciones constitucionales sobre el balance del poder entre la rama legislativa y ejecutiva del gobierno.
El magistrado que preside la corte, David Neuberger, inició la audiencia condenando las "amenazas de seria violencia y desagradable abuso" dirigidas contra Gina Miller, una de las partidarias de hacer que el Parlamento tenga participación en el asunto.
"Amenazar o abusar de personas por ejercer su derecho fundamental de acudir a los tribunales socava el estado de derecho", declaró Neuberger y prohibió la publicación de la dirección de Miller y de otros participantes en el caso.
Neuberger y los otros 10 magistrados en el máximo tribunal deberán decidir si el gobierno de la primera ministra Theresa May puede invocar el Artículo 50 del tratado de la UE, lo que daría inicio a dos años de negociaciones de separación, sin la aprobación del Parlamento.
May ha dicho que invocará el Artículo 50 para fines de marzo, usando unos antiguos poderes oficiales conocidos como prerrogativa real. Esos poderes, tradicionalmente ejercidos por el monarca pero hoy en día por los políticos, permiten que las decisiones sobre sumarse o desprenderse de tratados internacionales se hagan sin una votación parlamentaria.
Miller, una empresaria financiera y otra litigante, la peluquera Deir Dos Santos, fueron a los tribunales denunciando que separarse de la UE violaría sus derechos, como por ejemplo el libre tránsito entre los países del bloque y que ello no se debería hacer sin la aprobación del Parlamento.