La Dirección General de Ingresos (DGI) envió ayer un grupo de inspectores fiscales a una feria de empleo de Uber, empresa que ofrece servicios de transporte que se contratan a través de una aplicación en el celular.
La inspección tenía como objetivo verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa, tales como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms) y los sistemas de facturación, entre otros.
La DGI apuntó que representantes de la empresa no facilitaron la documentación reglamentaria porque esta es manejada por una firma externa de auditores. Al no poder efectuar la inspección en ese momento, los miembros de la DGI notificaron al representante legal de Uber de que en los próximos días se efectuará una fiscalización.
Por su parte, fuentes de Uber dijeron a este diario que la empresa “está en toda la disposición de facilitar la información que nos soliciten las autoridades fiscales”. Recordaron que Panamá fue el primer mercado de la compañía en Centroamérica y que desde hace más de un año “miles de panameños han disfrutado de un servicio de transporte privado confiable y seguro; al mismo tiempo cientos de ellos han encontrado en Uber una oportunidad para autoemplearse como choferes privados”.
La inspección de la DGI —que adelantó que seguirá haciendo este tipo de operativos— se produce justo después de abrirse el debate sobre la legalidad de Uber, polémica que también se ha desatado en casi todos los países en los que tiene presencia la empresa.
Mientras la Autoridad del Tránsito y el Transporte Terrestre fija su posición al respecto, la Cámara Nacional del Transporte anunció medidas legales contra la compañía, en tanto los usuarios la defienden por la ausencia de un buen servicio por parte de los taxis tradicionales.
