Más sectores expresan su preocupación por el proyecto de ley 573, que presentó el Ministerio de la Presidencia para modificar el marco regulatorio para la prestación del servicio de electricidad.
La empresa distribuidora y comercializadora de energía ENSA solicitó una “evaluación integral” sobre el impacto que las modificaciones tendrán sobre la tarifa eléctrica y la capacidad de gestión de las empresas generadoras.
“La propuesta presentada requiere de un análisis con suma cautela de los sobrecostos que podrá generar la aprobación del presente proyecto a la tarifa regulada, el aumento de subsidios a ser cubiertos por el Estado, así como la devaluación y pérdida de remuneración de los activos de la empresa, que cuenta con una participación accionaria del Estado panameño”, manifestó Esteban Barrientos, presidente ejecutivo de ENSA, en una nota de prensa divulgada por la compañía distribuidora.
ENSA recalca que el proyecto presentado “habilita la posibilidad de que gran parte del mercado se concentre en un solo agente y genera condiciones de mercado que pueden derivar en incrementos de los costos de energía eléctrica del país”, además de dejar al usuario final “en un estado de indefensión”.
Por su parte, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) pidió a Nelson Jackson, presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional –que debe dar primer debate al proyecto de ley 573-, que la propuesta sea estudiado “de manera seria y exhaustiva” en el próximo periodo de sesiones ordinarias, que empieza el 1 de enero de 2018.
“No podemos respaldar dicho proyecto sino por el contrario, nos oponemos a su discusión y aprobación, y solicitamos sea revisado en el próximo periodo de forma que el sector privado tenga el tiempo suficiente para analizarlo y emitir concepto”, señala Severo Sousa, presidente del CoNEP, en una nota dirigida al diputado Jackson.
Previamente, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) solicitó una discusión con todos los sectores y advirtió que los actos de compras de energía en manos de la Autoridad de Servicios Públicos de Panamá (Asep), como propone el proyecto de ley, “podría convertir a la institución en juez y parte”.