Irregularidades en una licitación lanzada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para comprar 15 motoniveladoras, advirtió la Asociación de Distribuidores de Maquinarias (Adimaq). Las motoniveladoras son usualmente utilizadas en la construcción para nivelar caminos y, en este caso, serán transferidas a las comunidades.
El gremio señaló que hay varias restricciones en el pliego de condiciones que irían en contra de la Ley 22 de Contrataciones Públicas.
La entidad contratante está pidiendo que las empresas no hayan sido inhabilitadas en los últimos tres años. Según el director ejecutivo de Adimaq, Javier Zamorano, “es un acto violatorio a la ley pretender mediante el pliego de condiciones que los efectos de la inhabilitación preexistan aun después de su extinción legal”.
Además, una acción de reclamo presentada el pasado 20 de septiembre pide anular por arbitrario e ilegal el acto público, por contravenir la ley de contrataciones. La acción fue presentada por la empresa de maquinaria IIASA Panamá.
La compañía señala que “el pliego de condiciones contiene especificaciones técnicas completamente innecesarias para la institución y para la compra programada, sirviendo únicamente para impedir la competencia en la licitación”. Repasa hasta ocho especificaciones técnicas que describe como anticuadas, carentes de lógica y que van “dirigidas a disminuir la competencia”. En una de ellas se refiere a los frenos que se piden para las motoniveladoras. A su juicio, la especificación solicitada “es de tecnología anticuada que limita la competencia sin aportar ningún beneficio para el objeto de la licitación, toda vez que existen proveedores que han desarrollado frenos de servicios más sofisticados y seguros”.
Consultado sobre los motivos que llevaron a lanzar una licitación para la compra de maquinaria —algo que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas en otras ocasiones—, el MEF respondió que en el proceso de descentralización se quiere fortalecer la capacidad de los gobiernos municipales para que puedan brindar soluciones a las comunidades con mejoras y construcción de calles y caminos de penetración.
Sobre los señalamientos de irregularidades y requisitos restrictivos, la entidad defiende que el proceso ha sido “ampliamente consultado, transparente y cumple los requisitos de la Ley 22 de contrataciones públicas”. “Prueba de ello es que durante el acto de homologación se recibieron todas las recomendaciones y consultas por parte de los oferentes. Parte de ellas ya fueron revisadas y forman parte de las primeras modificaciones realizadas al pliego de condiciones, mientras que el resto está siendo analizado con la intención de determinar si es viable su incorporación al pliego de condiciones”.
Las empresas, por el contrario, no quedaron satisfechas con el proceso de homologación. En una carta remitida al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, la asociación de distribuidores dejó constancia de que el pliego de condiciones no se pudo estandarizar “por falta de un personal técnico en el acto de homologación... Ninguno de los representantes de la entidad licitante presentes en dicho acto estaba en capacidad de absolver las consultas técnicas”.
Por otra parte, representantes del gremio señalan que el pliego no especifica a qué municipios se entregarán las motoniveladoras, dudan de que las entidades tengan el personal capacitado para operarlas y creen que, con el tiempo, la millonaria inversión del Estado —la licitación tiene un precio de referencia de $2.6 millones— terminará perdiéndose por falta de mantenimiento.
El MEF dijo que los equipos “serán transferidos a las autoridades locales para que puedan administrarlos, usarlos y cuidarlos eficientemente” y que “deberán ser operados por personal que se nombraría con los nuevos recursos de la descentralización”.
Sobre el hecho de que el Estado compre la maquinaria, la entidad respondió que “no es de extrañarse que el gremio prefiera que el equipo sea alquilado. Indudablemente, eso es más rentable para sus agremiados. Sin embargo, nosotros tenemos que manejarnos con transparencia y buscando los mejores intereses del Estado”.
Las empresas han solicitado por varias vías que se cancele el acto público y se abra una nueva convocatoria, mientras que el MEF mantiene su decisión de comprar el equipo, pero aplazó la fecha de entrega de propuestas del 15 de septiembre al 6 de octubre.