El Ministerio de Economía y Finanzas presentó formalmente a Francisco Bustamante como intendente de supervisión y regulación de sujetos no financieros.
La Intendencia fue creada legalmente por la Ley 23 de 2015 para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, también conocida como ley antilavado.
Bustamante lidera un equipo de 20 personas que tendrá la función de supervisar 16 sectores económicos no financieros, ya que bancos, seguros, cooperativas y mercado de valores seguirán estando controlados por sus reguladores habituales.
Entre los sectores que serán supervisados por esta entidad están los casinos, las empresas de construcción y de bienes raíces, las zonas francas, los comerciantes de metales y piedras preciosas, las agencias de compraventa de autos, las casas de empeño, de cambio y de envío de remesas, así como notarios, abogados, contadores y auditores externos.
Bustamante, economista de 66 años que trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Nacional de Panamá, entre otros lugares, dijo en la mañana de este jueves, 9 de julio, que su misión es ayudar a las empresas de todos estos sectores a blindarse para no ser utilizadas para actividades ilegales como el blanqueo de capitales.
La Intendencia tendrá una junta directiva que, según la ley, será presidida por el viceministro de Finanzas, quien estará acompañado por el viceministro de Comercio Interior, el gerente de la Zona Libre de Colón, un miembro del Consejo de Coordinación Financiera y un representante de los gremios del sector privado.
Entre las primeras funciones de la Intendencia está la creación de reglamentaciones para definir la aplicación práctica de la ley antilavado, que tendrán especificaciones distintas para cada actividad económica.
Con estos pasos el Gobierno pretende reforzar el marco legal en la lucha contra el blanqueo de capitales con el objetivo de salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera, en la que el país figura desde junio de 2014, situación que ya provocó que algunos bancos tengan mayores obstáculos en sus transacciones internacionales y tiene un eventual impacto negativo para la economía del país.