La administración de Juan Carlos Varela podría aprovecharse de una modificación legal efectuada en el pasado gobierno para elevar los niveles de gasto en su mandato. Se trata de una reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal introducida en 2012, bajo el liderazgo del exministro Frank De Lima, en la ley que creó el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) y que se aplicará por primera vez este año.
El cambio permite al Gobierno elevar el nivel de gasto por encima de lo establecido si los aportes de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al Estado no llegan a cierto nivel. El umbral se estableció en el 3.5% del producto interno bruto (PIB). Si los aportes del Canal superan ese nivel, el excedente se destinaría al FAP. Si, por el contrario, no llegan a esa cifra, se permite elevar el déficit y el gasto público.
Cuando se estableció ese límite se esperaban unos aportes del Canal superiores a los que revelan las estimaciones más recientes. Además, la economía ha crecido a un ritmo fuerte en los últimos años, haciendo que ese 3.5% del PIB sea una cifra cada vez mayor. De hecho, según las proyecciones del Gobierno las transferencias del Canal no alcanzarán ese porcentaje en el mediano plazo.
Esto tiene dos consecuencias: En primer lugar, el FAP, instrumento de ahorro que sustituyó al Fondo Fiduciario para el Desarrollo, no recibiría nuevos ingresos; y, por otra parte, el Gobierno tendrá capacidad para aumentar el gasto y el endeudamiento público.
Representantes de la actual administración cuestionaron este mecanismo de calcular el déficit fiscal al comienzo de su gestión. Gustavo Valderrama, director de Políticas Públicas del MEF, dijo a este diario el año pasado que la modificación permite elevar la deuda. “Es un dinero que vas a tener que salir a buscar por medio de deuda. El Canal no te lo va a dar”, acotó.
Este diario contactó ayer al MEF para que explicara por qué se había mantenido esta provisión en la ley y qué justificación financiera tenía, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
La administración de Varela introdujo una nueva reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para elevar el nivel de déficit permitido en 2014, y no modificó el parágrafo que permite el ajuste del déficit. De hecho, en el marco fiscal de mediano plazo para el período 2016 - 2020, se incluye este mecanismo de cálculo.
El ajuste ha sido cuestionado tanto por analistas locales como por organismos internacionales. El economista Felipe Chapman dijo a este diario que “este ajuste no tiene mayor utilidad. En cualquier análisis de riesgo se tomará como referencia el balance real, sin el ajuste por la diferencia en los posibles aportes del Canal. Este movimiento solamente atiende a la necesidad de cuadrar las cuentas dentro de los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, sin mayor trascendencia que dicho cumplimiento legal”.
En la misma línea se pronunció el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un reciente reporte sobre Panamá, en el que considera que el déficit para este año es de 3.7%, superior al 2% de límite que marca la ley. El organismo recuerda que las autoridades deberían abstenerse de modificar los límites de déficit establecidos en la ley y revisar la provisión especial.