Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), concesionaria de la hidroeléctrica de Barro Blanco en el río Tabasará, anunció su desacuerdo con el pacto firmado por representantes del gobierno y líderes comarcales, que excluye a la empresa de la operación del proyecto.
(Lea el acuerdo pactado por el gobierno y las autoridades comarcales aquí).
"Manifestamos de manera formal nuestro desacuerdo ante las imposiciones incluidas en dicho convenio y las afectaciones sufridas hasta la fecha y que sobrevendrán a futuro a este proyecto como consecuencia de la mesa del diálogo. Nos reservamos el derecho a ejercer las acciones y utilizar los mecanismos legales a nuestra disposición para proteger nuestro derecho a un trato justo y equitativo de nuestra inversión y que se cumpla con los principios de legalidad y respeto a nuestros derechos como concesionarios, a la propiedad privada y a la seguridad jurídica", señala la empresa a través de un comunicado divulgado este martes 23 de agosto.
El gobierno de Juan Carlos Varela, a través de un boletín oficial, replicó que los principales componentes relacionados a Genisa fueron conocidos y discutidos por sus representantes durante el proceso de negociación, "y de hecho en varios casos proporcionados por ellos". (Ver nota relacionada)
LAS QUEJAS
Genisa alega que el acuerdo "vulnera" los derechos de sus accionistas.
"Dichas cláusulas igualmente violan y menoscaban los derechos que amparan a nuestros inversionistas, ciudadanos de Estados Unidos de Norteamérica y de Centro América, bajo normas legales y tratados internacionales", agrega la empresa.
Genisa afirma que el retraso en la construcción y puesta en marcha del proyecto -que ya tiene un avance de 95%- les ha ocasionado sobrecostos, pérdida por lucro cesante, riesgos y daños a los equipos y obras de infraestructura.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) también cuestionó el acuerdo pactado, por "no contar con la participación de todos los actores".
"La decisión sobre Barro Blanco se tomó de acuerdo a los principios de un grupo que no respeta ningún tipo de autoridad, incluyendo la de ellos. Esto le va a costar mucho al país. El pacto firmado ayer es resultado de un diálogo que no contó con la participación de todos los actores", señala el gremio en un correo electrónico.
Mientras que la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) hizo un llamado al Gobierno para que divulgue "mayores detalles" sobre el acuerdo, "incluyendo cómo el mismo se enmarca dentro de la ley, para así evitar una señal clara de que en Panamá se respeta la seguridad jurídica de las inversiones".
También recomendó que la empresa inversionista sea incluida "como parte integral de la solución a esta temática".
DETALLES DEL PACTO
El acuerdo firmado entre las partes también contempla la cancelación de cualquier concesión para proyectos hidroeléctricos en el río Tabasará.
Cualquier concesión a futuro deberá ser sometida a referendo y aprobada por el pleno de los congresos local, regional y general de la comarca Ngäbe Buglé y autoridades campesinas.
Para la firma de este acuerdo -con el que se cierra un diálogo de 19 meses- el presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado se trasladaron el lunes pasado al Centro Básico Educativo de Llano Tugrí. El documento también fue rubricado por los caciques Chito Gallardo, Jeremías Montero y Silvia Carrera.
Las acciones de Genisa serán traspasadas a un fideicomiso, en garantía del repago de los préstamos otorgados por los bancos. El Banco Nacional de Panamá (BNP), que no tiene relación comercial con Genisa, será el fiduciario y custodio de los activos. En caso de venta, el gobierno panameño y las autoridades comarcales tendrán la primera opción de compra.
Uno de los puntos del acuerdo contempla que por lo menos el 50% de los puestos de trabajo que genere la planta serán ocupados por campesinos e indígenas.
Genisa cooperó en alcanzar una solución: Cancillería
Tras conocer la posición de Genisa, la Cancillería de la República emitió el siguiente comunicado, alegando que la empresa conocía detalles de la negociación.
"El Gobierno respeta y promueve el Estado de Derecho y en función de eso cualquier empresa que se sienta afectada por sus decisiónes le asiste el derecho, y en el caso del Acuerdo de Barro Blanco, los principales componentes relacionados a la empresa GESINA fueron conocidos y discutidos por sus representantes durante el proceso, y de hecho en varios casos proporcionados por ellos. GENISA demostró un completo entendimiento de la situación del proyecto y cooperó en alcanzar una solución. Precisamente, gracias al proceso de diálogo fue posible llegar a un acuerdo que respeta la seguridad jurídica".
