El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pagará 1.3 millones de dólares para que un bufete de Estados Unidos defienda este año a Panamá en el juicio internacional que llevan a cabo dos empresas por la hidroeléctrica Bajo de Mina en Chiriquí.
Se trata del bufete Arnold & Porter que por un valor aproximado de 110 mil dólares mensuales (de enero a diciembre de 2016) defenderá al estado panameño en el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Este bufete representa al Estado desde el año 2013 cuando las empresas Transglobal Green Energy LLC y Transglobal Green Energy de Panamá, S.A. entablaron la demanda.
A comienzos de junio de este año, el MEF informó que el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió un fallo favorable a la República de Panamá en el proceso arbitral promovido por el empresario Julio César Lisac Jiménez, a través de las empresas Transglobal Green Energy LLC y Transglobal Green Energy de Panamá, S.A.
Sin embargo, tras ser consultado por La Prensa, Lisac asegura que el caso no está terminado y lo que ha sucedido es que el Ciadi emitió un fallo sobre la jurisdicción relacionada al tema.
Previo a su demanda arbitral en el Ciadi, Lisac había interpuesto una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la supuesta desposesión de una concesión hidroeléctrica otorgada en su momento a la mina Hidro Power Corp. En 1997, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos otorgó la concesión al multimillonario mexicano Carlos Slim, quien construyó la planta hidroeléctrica.
Según Lisac, quienes acudieron ante el centro arbitral fueron los representantes de la empresa Transglobal, ciudadanos estadounidenses que son sus socios y podían proceder como inversionistas de ese país.
De acuerdo al comunicado del MEF, el Estado panameño basó su defensa ante el Ciadi por la ausencia de inversión, la errónea interpretación por parte de los demandantes de los tratados de protección a las inversiones, la no viabilidad del reclamo de los demandantes ante este organismo, la inexistencia en el reclamo de la condición de nación más favorecida y el hecho de que las sociedades demandantes son entidades controladas por un panameño.
Don Stringham, gerente de finanzas de Transglobal Green Energy LLC, dijo vía telefónica, que apelarán el fallo del Ciadi y solicitarán otro proceso arbitral.
La demanda presentada por Transglobal Green Energy LLC y Transglobal Green Energy de Panamá, S.A. contra el Estado, fue por $100 millones.
El laudo condenó a las dos empresas a pagar $2.2 millones en concepto de reembolso por gastos legales y costos a favor de Panamá.