El Gobierno de Estados Unidos confía en que la Asamblea Nacional de Panamá aprobará la nueva ley antilavado de dinero que entre otros tópicos amplía a 31 el número de sectores de la economía que deberán contar con controles y ser supervisados.
"La nueva ley es sumamente importante porque incluye mecanismos para congelar bienes vinculados al terrorismo y (a otras empresas delictivas). Es importante que se apruebe esta ley porque es el instrumento con el cual se va a fortalecer el sistema antilavado y sacará a Panamá de la lista gris", precisó a La Prensa una alta fuente del Gobierno de Estados Unidos.
Un borrador de este proyecto de ley propone que a las actividades como banca, seguros o valores, que ya son supervisadas y reguladas, se suman 25 que hasta el momento no deben cumplir estas exigencias. Entre ellas están las empresas de Zona Libre de Colón, las promotoras y corredores de bienes raíces, los casinos y juegos de azar, las casas de empeño, las casas de cambio, las compañías dedicadas a la comercialización de metales y piedras preciosas, además de abogados, contadores, auditores y notarios (ver tabla).
En el caso de estas cuatro últimas profesiones, el proyecto especifica 11 actividades sujetas a supervisión, entre ellas la compraventa de inmuebles, la administración de dinero o valores, la compraventa de entidades comerciales o cuando se ejerce de agente residente de entidades jurídicas.
Sobre el borrador de este proyecto de ley, el ministro de Economía, Dulcidio de la Guardia, ha manifestado "que se ha trabajado desde hace meses con asesores internacionales y el sector privado”.
Incluso, el texto fue revisado por la organización latinoamericana del Grupo de Acción Financiera (Gafilat) y sus recomendaciones fueron incorporadas.
Cuando se reciban los últimos comentarios por parte del sector privado, el documento se llevará al Consejo de Gabinete y, posteriormente, a la Asamblea Nacional.
