La nueva ley antilavado ampliará a 31 el número de sectores que deben contar con controles y ser supervisados para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.
A las actividades como banca, seguros o valores, que ya son supervisadas y reguladas, se suman 25 que hasta el momento no deben cumplir estas exigencias. Entre ellas están las empresas de Zona Libre de Colón, las promotoras y corredores de bienes raíces, los casinos y juegos de azar, las casas de empeño, las casas de cambio, las compañías dedicadas a la comercialización de metales y piedras preciosas, además de abogados, contadores, auditores y notarios (ver tabla).
En el caso de estas cuatro últimas profesiones, el proyecto especifica 11 actividades sujetas a supervisión, entre ellas, la compraventa de inmuebles, la administración de dinero o valores, la compraventa de entidades comerciales o cuando se ejerce de agente residente de entidades jurídicas.
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De la Guardia, también se refirió a las agencias de automóviles entre los negocios que tendrán más controles, pero en el proyecto que circula entre asociaciones empresariales, y al que ha tenido acceso este diario, no figura este sector. No obstante, el titular del MEF dijo que se pueden aplicar cambios al texto una vez se reciban las consideraciones de los representantes de los gremios.
Dulcidio De La Guardia
Ministro de Economía y Finanzas
Las empresas que desempeñan estas actividades serán consideradas “sujetos obligados” y deberán identificar de manera adecuada a sus clientes, establecer un perfil financiero de los mismos, conocer la naturaleza del negocio, dar seguimiento a la relación comercial, diseñar controles con un enfoque basado en riesgo e implementar políticas para conocer a los empleados propios, entre otras medidas.
Además, cuando los sujetos obligados detecten una operación sospechosa deberán reportarla a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), así como determinadas transacciones que superen los $10,000. Las empresas tendrán que designar una persona que servirá como enlace con la UAF.
Debate
De la Guardia manifestó que “hemos trabajado desde hace meses con asesores internacionales y el sector privado en preparar el proyecto de ley”.
El texto fue revisado por la organización latinoamericana del Grupo de Acción Financiera (Gafilat) y sus recomendaciones fueron incorporadas.
Cuando se reciban los últimos comentarios por parte del sector privado, el documento se llevará al Consejo de Gabinete y, posteriormente, a la Asamblea Nacional.
El Gobierno calcula que este proceso se completará a finales de febrero y que la ley sería aprobada en este mismo período legislativo. De la Guardia espera que se avalen otros dos proyectos presentados a la Asamblea, que reposan en la Comisión de Gobierno.
Estas leyes forman parte del plan de acción que el Gobierno pactó en la pasada administración con el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para fortalecer la estructura legal en la lucha contra el lavado de capitales. Las brechas encontradas en una evaluación previa hecha por el Fondo Monetario Internacional (FMI) dieron pie a la inclusión del país en la lista gris del Gafi.
Además de afectar a la imagen de Panamá, este hecho tiene un impacto en las operaciones internacionales de los bancos de la plaza. Según el plan de acción, la mayor parte de las medidas pactadas debe haber sido implementada a mediados de este año. Una vez que se compruebe la efectividad de estas medidas, Panamá solicitaría al organismo internacional ser retirada de la lista.
