Una comisión integrada por dos viceministros, “trabaja” en la elaboración de una “fórmula económica responsable y sostenible” para atender las reclamaciones de los jubilados y pensionados.
Esa comisión está integrada por los viceministros de la Presidencia, Francisco Artola, y de Economía y Finanzas, Gustavo Valderrama, y se reunirán el 7 de diciembre para “evaluar las opciones “de nuevas fuentes de financiamiento” para no afectar a otros sectores de la economía del país.
En este sentido, la Secretaría de Comunicación del Estado recordó la decisión del presidente de la República, Juan Carlos Varela, de “objetar parcialmente” por inconveniente e inexequible el proyecto de ley No. 621 de 2018.
Esa decisión de vetar por inexequibles los artículos 3, 4, 5 y 6 del referido proyecto de ley la adoptó Varela basado en el ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución y tras analizar la nueva norma.
Luego de informar sobre la objeción parcial, fue remitida a la Asamblea Nacional.
El proyecto de ley No. 621 establece un aumento a las pensiones de los jubilados a partir de 2019, que se financiará con un impuesto del 7% a las remesas desde Panamá al extranjero, con un nuevo impuesto a los casinos y con la redistribución de los recursos que salen del impuesto que grava la cerveza.
La redacción del proyecto nació como una propuesta ciudadana y luego fue acogida por la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional.
Esta nueva norma podría implicar que toda transacción desde Panamá al extranjero sea gravada, lo que podría aplicarse a todas las transferencias bancarias, así como al envío de dividendos a sus matrices de empresas extranjeras establecidas en el país.