El Gobierno ultima los detalles de las reglamentaciones de la Ley 23 de 2015 sobre prevención del blanqueo de capitales. La norma, que fue aprobada el pasado mes de abril, estipula que en un plazo de 120 días (cuatro meses) se deben aprobar las reglamentaciones, en las que se definirá la aplicación práctica de la norma.
La viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo ayer en la XXIV Convención Bancaria de Panamá que el texto de la “reglamentación madre” ya se definió y que está pendiente de supervisión final por parte del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, y del presidente de la República, Juan Carlos Varela, quienes estamparán sus firmas en el decreto ejecutivo.
Además, las autoridades trabajan reglamentaciones específicas para cada uno de los sectores supervisados. Varela de Chinchilla adelantó que este jueves se reunirá por primera vez la junta directiva de la recién creada Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros para revisar los borradores de las reglamentaciones de los sectores que están bajo su paraguas de supervisión.
De igual forma, la Superintendencia de Bancos de Panamá está elaborando una regulación específica para bancos, empresas fiduciarias y ya elaboró otra reglamentación para empresas financieras, operadores de crédito y débito, empresas de leasing y factoring, actividades que con la nueva ley pasan a estar supervisadas por el regulador bancario, comentó Gustavo Villa, secretario general de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Estas normas han sido compartidas con los gremios, que han hecho sus aportes a los documentos como sujetos supervisados. El presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Jaime Moreno, dijo que el efecto de las regulaciones en la operación de los bancos dependerá de cómo estos tengan constituidas sus áreas de control de riesgos y de cumplimiento. En algunos casos, explicó, habrá bancos que ya cumplan las medidas como una “sana práctica”. Pero también puede haber bancos con sistemas “no tan maduros” en los que sería más traumática la implementación de un paso adicional en sus procesos de control, ya que también podría suponer un costo adicional para ellos, apuntó.