Por lo menos 60 millones de dólares se ha ahorrado el Estado panameño tras dejarle de pagar a personas que no pudieron justificar la prestación de servicios en la Asamblea Nacional.
Así lo dio a conocer Federico Humbert, contralor general de la República, quien inspeccionó este viernes 15 de febrero la construcción del Centro Integral Educativo y Cultural, de Chitré, y del hospital Anita Moreno, de Los Santos.
La diferencia de las planillas de la Asamblea Nacional entre 2017 y 2018 fue de cerca de 60 millones de dólares, que la Contraloría General de la República no encontró el sustento para poder volver a insertar a esos funcionarios en las planillas.
Detalló que existen unos 4 mil funcionarios que antes supuestamente trabajaban en la Asamblea Nacional y que hoy día no están contratados. La Asamblea ha seguido funcionando a pesar de que la planilla es mucho más reducida de lo que era antes, insistió.
El contralor destacó que han estado siendo muy firmes y estrictos con la Asamblea Nacional.
Destacó que la propia presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, ha entendido el sentir de la Contraloría y que no se está contratando a personas que no puedan probar que le prestaron un servicio al Estado.
