La sostenibilidad financiera del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) requiere de un debate nacional del que surjan soluciones a largo plazo, coincidieron ayer economistas y gremios empresariales.
El debate del futuro de las pensiones se reabre luego de la decisión del Gobierno de proponer el aumento de 5 centésimos al litro de gasolina y diésel para costear un ajuste a 200 mil jubilados. La medida, que rompe la promesa de campaña de Juan Carlos Varela de no subir los impuestos durante su administración, ha sido rechazada por la mayor parte de la sociedad y fue calificada ayer como “un exabrupto” por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. “Este es un problema serio que necesita una solución genuina y no parches cada cierto tiempo”, dijo el presidente del gremio, José Luis Ford.
A partir del año que viene entrará en déficit el programa IVM. Es decir, los ingresos serán inferiores a los gastos, porque el número de jubilados es creciente y el de cotizantes en el sistema solidario o de beneficio definido se reduce. Esto es consecuencia de la introducción del subsistema mixto en 2007, a través del cual los cotizantes más jóvenes (los que tenían menos de 35 años en aquel momento y todos lo que ingresan al sistema desde entonces) tienen cuentas individuales a las que se destinan sus cuotas, reduciéndose el aporte a la parte solidaria y aumentándose la presión sobre el programa de beneficio definido.
Según las estimaciones del Gobierno, los alrededor de $4,500 millones de reservas existentes para costear las pensiones se agotarían en 2024. El economista Even Chi Pardo, exdirector de Planificación de la CSS, dijo que la sociedad debe iniciar un debate, ya que una década “no es un plazo tan largo y más cuando se trata de un tema como las pensiones”.
Even Chi Pardo
Economista
El economista señaló que es “importante que se tenga la información suficiente y transparente sobre la situación financiera de la CSS”.
En la actualidad, el sistema es sostenido parcialmente por los aportes del Estado. Solamente para el IVM se transfieren $140 millones al año y a toda la CSS cerca de $410 millones. “A medida que se va a acrecentando la demanda, la pregunta es si el Estado tendrá capacidad para atender ese hueco financiero. Se necesitan esquemas más sólidos”, defendió Chi Pardo.
Las alternativas pueden pasar por un aumento de los ingresos, una reducción de los gastos, la modificación de los parámetros actuales como la edad de jubilación o las cuotas que se aportan, medidas que no son populares.
Desde el Gobierno también se ha planteado la posibilidad de destinar los ingresos adicionales que genere el Canal de Panamá ampliado para cubrir esta necesidad. Temístocles Díaz, ministro consejero, dijo que “una vez que el Canal ampliado esté en funcionamiento y sepamos cuál es el ingreso real que aportará a las finanzas del Estado, entonces quizás podremos hacer el ajuste final para el programa IVM, que se tiene que llevar hasta 2060 0 2065”.
(Con información de Urania Molina)