Después de varias semanas en silencio, el exdirector general de Ingresos Luis Cucalón se presentó ayer ante los medios para defender su gestión en el contrato con Cobranzas del Istmo.
El exfuncionario alimentó el intercambio de acusaciones entre él y las otras dos personas que tenían la responsabilidad de dinamizar la economía y mejorar los ingresos fiscales del país en los albores del gobierno de Ricardo Martinelli: Dulcidio De La Guardia, en ese momento viceministro de Finanzas y en la actualidad titular de la cartera; y Alberto Vallarino, ministro de Economía y Finanzas.
Cucalón saltó ayer al imaginario cuadrilátero para decir que la iniciativa de tercerizar el cobro de impuestos morosos fue de Dulcidio De La Guardia y de Alberto Vallarino y que, de hecho, a él “no le gustaba mucho la idea”. Consultado al respecto, el hoy ministro de Economía dijo que la tercerización se incluyó en una reforma fiscal hecha a través de una Ley de la República.
Las acusaciones que desde el MEF se vierten sobre Cucalón, plasmadas en una querella penal en su contra, no se centran en el mero hecho de la tercerización del servicio, sino en cómo se hizo la contratación de Cobranzas del Istmo, firmada por el propio Cucalón en agosto de 2010.
En el contrato figura que la DGI obtuvo la autorización para la contratación directa, algo que el MEF asegura no es cierto y, por lo tanto, constituyente del delito de falsedad ideológica. Según la ley de Contrataciones Públicas, cualquier institución del Estado que quiera hacer una compra directa debe recibir el aval del Ministerio de Economía y Finanzas si esta es inferior a $300,000; del Consejo Económico Nacional si es entre $300,000 y $3 millones; y del Consejo de Gabinete si supera los $3 millones.
Una investigación del MEF determinó que Cucalón no gestionó la autorización con ninguna de las tres entidades, lo que motivó la presentación de la querella penal, en la que además se pide la detención preventiva del exfuncionario.
Cucalón centra su defensa en que el contrato con Cobranzas del Istmo no establece una cuantía concreta, puesto que la empresa cobraría de acuerdo al monto recuperado para el Estado. Por lo tanto, al momento de elaborar el contrato, no había forma de saber a cuál de las tres entidades se le debía elevar la petición de excepción del acto público.
El exfuncionario y su abogado, Carlos Carrillo, dijeron que Dulcidio De La Guardia comunicó en una nota remitida a la Procuraduría General de la Nación en 2011 que la contratación de Cobranzas del Istmo se hizo “en virtud de diversas leyes y decretos ejecutivos... que amparan a esta Dirección para proceder con la contratación de empresas de reconocida trayectoria en la gestión de cobros”.
Apuntaron además que la contratación fue evaluada por una junta en la que participó Harry Díaz, actualmente magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y que las fianzas de cumplimiento fueron fijadas por la Contraloría General de la República y Alberto Vallarino, entonces ministro de Economía y Finanzas.
Para Cucalón y su abogado hay una contradicción entre el aval que la contratación habría recibido en 2010 y la querella que se presentó en su contra en 2015. Consultado al respecto, De La Guardia aclaró que en la nota remitida a la Procuraduría en 2011 no había ningún juicio sobre el contrato, sino que se incluyó información contenida en el expediente. Dijo que teniendo en cuenta el monto de las fianzas que se pidieron a la empresa —en total sumaban $500,000— se podía tener una idea del volumen de negocio que se manejaría en ese contrato y que, por lo tanto, al menos debía haber sido sometido a consideración del Consejo Económico Nacional.
Mientras que a juicio de Cucalón, la acusación de falsedad ideológica “no tiene agarradero jurídico”, De La Guardia dijo que esa es la opinión del exfuncionario y que serán las autoridades judiciales quienes determinen quién tiene la razón.
Tocumen, S.A.
Además de la querella penal, las autoridades también investigan el manejo que se hizo del contrato entre Cobranzas del Istmo y la DGI. La actual administración de la DGI manifestó sus dudas sobre la adecuada asignación de cuentas a la empresa; sobre el método de cálculo de las comisiones que cobraría, que estaban vinculadas a la antigüedad de la cuenta recuperada; y del pago a Cobranzas del Istmo de $21 millones en comisiones por haber gestionado supuestamente una deuda pendiente de la empresa estatal Tocumen, S.A.
Incluso, funcionarios de la entidad que administra el principal aeropuerto del país dijeron que no tenían constancia de ninguna gestión hecha por Cobranzas del Istmo y que la deuda pendiente se pagó voluntariamente porque la empresa quería salir a los mercados a hacer una emisión de bonos para financiar su expansión.
Consultado ayer sobre este asunto, Cucalón dijo que la asignación de cuentas se hacía atendiendo a parámetros (como la antigüedad de la cuenta y su monto), y no a quién era el dueño de la misma porque encontró “un bello desastre fiscal... Había una morosidad de $7,000 millones, el equivalente a tres años de impuestos de todos los panameños... Y el Departamento de Cobros tenía 10 personas”.
Cucalón aseguró que se aplicó un esquema similar al de los bancos a la hora de tercerizar los cobros morosos. El exfuncionario lanzó un mensaje al más puro estilo del expresidente Ricardo Martinelli: “Después de cinco años de estar en una silla, yo sé quién es quién”.
Sobre si se verificaron las gestiones hechas ante Tocumen, S.A. por Cobranzas del Istmo para recuperar la deuda, Cucalón dijo que él, una vez recibía el listado de cuentas por parte de Cobranzas, enviaba la información a la Contraloría General de la República para que “revisara y refrendara”, y que luego el MEF confeccionaba el cheque.
Añadió que sabía que la empresa estaba haciendo gestiones porque “me tenían loco en el trabajo, en el celular y en mi casa para que les quitara a Cobranzas de encima”, aunque no precisó que alguna de esas llamadas se hiciera desde Tocumen, S.A.