El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto para ampliar el alcance de la Ley 58 de 2012, que contempla las medidas de retorsión que puede tomar Panamá en contra Estados que apliquen medidas discriminatorias.
Dentro de las medidas planteadas se incluye un nuevo impuesto de hasta 40% para las empresas de los países que discriminen a Panamá.
El artículo 12 de la mencionada plantea reformas al Código Fiscal. Estas señalan que "cuando las personas jurídicas sujetas al pago de Impuesto de Dividendos distribuyan o repartan dividendos o cuotas de participación a personas o empresas de los Estados que discriminen, quedarán obligadas a retener un impuesto de dividendo a una tasa del 20% sobre las utilidades a los accionistas. Cuando se trate de tenedores de acciones al portador la retención será hasta del 40%".
Aunque no aporta mayores detalles, el proyecto de ley indica que también se podrán tomar medidas migratorias, fiscales y laborales contra los nacionales de los países que estén en esta lista.
También señala que las empresas de los países incluidos en esta lista tampoco podrán participar en licitaciones del Estado panameño.
Además, la norma contempla "la restricción o suspensión del movimiento o transporte terrestre, aéreo y marítimo de carga de pasajeros".
Más información en la edición impresa de este viernes 12 de agosto.
Habla el presidente Varela
Sobre este tema, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, hizo un pronunciamiento en Bocas del Toro.
"El mensaje que se envía es claro: Panamá está evaluando tomar la ley de retorsión cuando sea necesario", precisó.
Varela indicó que el proyecto de ley busca "preparar" al gobierno para la retorsión con aquellos países que no cumplen con acuerdos comerciales o jurídicos. Una vez adaptada la ley a las necesidades del Ejecutivo, entonces el Gabinete tomará su decisión.