El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, defendió la mañana de este jueves 24 de agosto el proyecto de ley No. 509 que reforma el impuesto de inmuebles.
El proyecto de ley ha sido cuestionado por gremios empresariales por la propuesta de eliminar las exoneraciones al sector energético, a zonas francas y a áreas económicas especiales, actividades en las que se han hecho inversiones a largo plazo tomando en cuenta la exoneración vigente.
De La Guardia dijo que hay una dicotomía en el sector privado porque, por un lado, pide igualdad en el tratamiento de las residencias y que se elimine el concepto de Patrimonio Familiar Tributario, pero a la vez reclama que se mantengan exoneraciones a zonas francas. "Eso sí es discriminatorio", recalcó.
El ministro afirmó que la Constitución contempla la protección de la familia y que en ese precepto se basa la tarifa más ventajosa para estas. Añadió que según esta la ley actualmente se favorece la venta de viviendas nuevas que tienen exoneraciones de 5, 10 y 20 años, y se penaliza la venta de las propiedades de segunda mano, afectando el ahorro de las personas.
En la primera jornada de consultas del proyecto de Ley en la Asamblea Nacional, representantes de zonas francas, empresas energéticas y el área económica especial de Panamá Pacífico señalaron que la propuesta afectaría la seguridad jurídica de sus inversiones, además de reducir la capacidad de atracción de nuevas empresas al país.
Al respecto, Publio Cortés, director general de Ingresos, dijo que la seguridad jurídica no se debe entender como una patente de corso para que los Estados no puedan cambiar su régimen tributario. "Ningún estado mantiene su sistema tributario siempre igual", argumentó.
Las declaraciones de De La Guardia se dieron en un conversatorio con periodistas la mañana de este jueves. Mientras, en la Asamblea Nacional se retoma el periodo de consultas del proyecto de ley. Ayer, la diputada Dana Castañeda, adelantó que se habían anotado para participar en el debate 156 personas.