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Denuncias por aumentos no anunciados

Nueva batalla por anualidad escolar

 Tras un fallo judicial, un colegio podría enfrentar una multa por no anunciar el incremento de los costos, de acuerdo con lo que dispone la ley.

Cifras relevantes

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El Decreto Ejecutivo 601 señala que los cambios en los costos de matrícula, anualidad, así como en la obtención de uniformes y útiles escolares, deben ser coordinado entre todas las partes involucradas. El Decreto Ejecutivo 601 señala que los cambios en los costos de matrícula, anualidad, así como en la obtención de uniformes y útiles escolares, deben ser coordinado entre todas las partes involucradas.
El Decreto Ejecutivo 601 señala que los cambios en los costos de matrícula, anualidad, así como en la obtención de uniformes y útiles escolares, deben ser coordinado entre todas las partes involucradas. Fotolia

Una nueva batalla a favor de los padres de familia que tienen sus hijos en escuelas particulares se logró recientemente.

A solicitud de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), a través de su Defensoría de Oficio, un juzgado declaró ilegal el anuncio y/o cobro de los aumentos que se dieron en el año 2014 en el costo de la anualidad del centro educativo Saint Anthony School, ubicado en San Antonio, distrito de San Miguelito.

La decisión del Juzgado Noveno del Circuito Civil Judicial implica que el colegio podría recibir una sanción monetaria por un valor de hasta $25 mil, por aumentar la anualidad sin la debida coordinación conjunta con los padres de familia y el Ministerio de Educación, tal como estipula la normativa nacional en este tema.

Los incrementos se registraron en los niveles que van desde prekínder hasta los bachilleratos de ciencias, comercio y turismo del referido plantel educativo.

El lunes pasado la Acodeco circuló una nota de prensa en la que confirmó que se había infringido el artículo 130 de la Ley No. 47 de 1946, al momento de fijar los precios de las anualidades para 2014 sin la debida coordinación requerida.

El fallo judicial surge a raíz de una denuncia que se presentara de forma anónima ante la Acodeo, institución que inició la investigación, obteniendo por parte de la Dirección Regional del Ministerio de Educación, de San Miguelito, la comunicación oficial de no haber recibido ninguna solicitud por parte del plantel para el incremento de las cuotas mensuales.

Como era una violación a la ley de educación, la Acodeco tuvo que acreditar la diligencia en los tribunales de justicia antes de iniciar un proceso administrativo interno.

La Ley 45, que defiende los derechos de los consumidores, establece en el numeral 13 del artículo 36 que una de las obligaciones de los proveedores es apegarse a la ley, a los buenos usos mercantiles y a la equidad en su trato con los consumidores.

Por otro lado, el artículo 130 de la ley orgánica de educación dispone que las instituciones particulares y sus respectivas asociaciones de padres de familia, conjuntamente con el Ministerio de Educación, coordinarán cambios en los costos de la matrícula, así como todo lo referente a costos y obtención de uniformes y útiles escolares.

Este artículo fue regulado por el Decreto Ejecutivo No. 601 de 9 de julio de 2015 e incluye en la consulta el tema de la anualidad y deja claro que los cambios o propuestas que se hagan, deben ser analizados en el centro de enseñanza con por lo menos seis meses de antelación a la fecha de inicio del período de matrícula para el próximo año lectivo.

Ahora, con un fallo judicial, la entidad reguladora puede comenzar el proceso sancionatorio por medio de la Dirección Nacional de Protección al Consumidor, que luego de escuchar las explicaciones y alegatos de los representantes del colegio, tomaría una decisión en torno a una posible sanción.

Las sanciones conllevarían llamado de atención o una sanción monetaria, que va desde $1 hasta los $25 mil. El colegio, por su parte, puede presentar su recurso de apelación.

Este diario conversó con autoridades administrativas del Saint Anthony School, quienes manifestaron vía telefónica desconocer detalles del fallo judicial y que por el momento no podían dar declaraciones, ya que es un tema que debe ser manejado por los abogados del colegio.

Estadísticas de la Acodeco revelan que una veintena de colegios particulares han sido investigados, denunciados y demandados en los últimos años por no anunciar los incrementos en los costos de la matrícula y la anualidad.

Un reciente monitoreo de la Acodeco destacó también que para el año lectivo 2017 se producirán incrementos entre $50 y $90 en la matrícula y de $300 a $400 en la anualidad en algunos colegios particulares de la ciudad de Panamá.

A raíz de esa información, una consulta no científica realizada por La Prensa el mes pasado arrojó que el 63% de los participantes —de 3 mil 550 personas— argumentó que no se justifica el aumento anunciado por esos centros educativos.

Los padres se quejaban del excesivo gasto que tienen que asumir y el peso de este en el presupuesto familiar.

Cifras relevantes

$25,000: Puede ser el monto de sanción al colegio que infrinja las normativas.
601: Es el número del decreto que reguló el artículo 130 de la ley orgánica de educación.
833: Son los centros educativos particulares en todo el territorio nacional.
152,000: Es la población estudiantil que atiende los colegios particulares.

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