Con la ejecución de la fianza de cumplimiento anunciada por el Ministerio de Obras Públicas, se abre un nuevo escenario para finalizar la autopista Arraiján-La Chorrera, una obra adjudicada en 2010 a la constructora Transcaribe Trading (TCT) y que alcanzó un valor de $161.8 millones.
El titular de la cartera de Obras Públicas, Ramón Arosemena, dijo que desde que inició su administración advirtió a la empresa de fallas en la obra y exigió reparaciones que no se han ejecutado.
Dado el incumplimiento de la empresa, el MOP, con el aval de la Contraloría General de la República, ha optado por ejecutar la fianza de cumplimiento, proporcionada por Aseguradora Global y que cubre el 25% del valor del contrato.
Una vez que se notifique a la afianzadora, esta hará su propio análisis para determinar la validez del reclamo. Fuentes del sector asegurador señalaron que, como el proyecto fue aceptado sustancialmente durante la pasada administración, habrá que determinar si lo que se exige es reparar defectos como parte de la garantía o si se trata de trabajos que debían haber ejecutado de acuerdo al contrato y no se hicieron.
Carlos Gasnell
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional
La aseguradora tendrá un plazo para acoger el reclamo. Antes de aceptarlo, la aseguradora verificará que se trate de un reclamo válido y que el dueño de la obra (en este caso el Estado) tiene razón en su reclamo.
Carlos Gasnell, presidente ejecutivo del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, dijo que la ley habla de la posibilidad de que la afianzadora, una vez se declare la resolución administrativa del contrato, en vez de pagar el monto de la fianza, proponga un nuevo contratista para subsanar los incumplimientos de TCT, y el MOP acepte esta propuesta. Este procedimiento no está claro en la Ley de Contratación Pública”.
CONSECUENCIAS
¿Cabe la posibilidad de que la empresa sea inhabilitada para contratar con el MOP luego de este incumplimiento?Gasnell explicó que “el ministro del MOP podría empezar el proceso de inhabilitación una vez se emita la resolución administrativa del contrato. La inhabilitación podría ser de tres meses a tres años, dependiendo de la reincidencia, de la cuantía del contrato y de la gravedad o el daño ocasionado al Estado por su incumplimiento”.
Además, a juicio del abogado, el Ejecutivo tendría la potestad de iniciar un proceso civil contra la empresa por daños y perjuicios.Una eventual inhabilitación no tendría incidencia sobre los contratos que la empresa tiene actualmente en ejecución con el MOP, entre ellos el ensanche de la carretera entre Puerto Armuelles y Paso Canoas, y varios del programa de reparación de calles “trabajando por tu barrio”.
Gasnell apuntó que las inhabilitaciones rigen hacia futuro. La empresa se vería impedida de licitar durante el término que dure la inhabilitación, o de que les refrenden contratos que aún están en trámite y no han sido refrendados.