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PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA

Ley beneficiaría a Odebrecht en Colón

La propuesta, presentada por el Ejecutivo, pretende extender los incentivos que dio la pasada administración a las obras en el Casco Antiguo de Panamá.

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El próximo 12 de octubre se dará inicio formalmente a la ejecución de los trabajos de infraestructuras y construcción de viviendas en la provincia de Colón. El próximo 12 de octubre se dará inicio formalmente a la ejecución de los trabajos de infraestructuras y construcción de viviendas en la provincia de Colón.
El próximo 12 de octubre se dará inicio formalmente a la ejecución de los trabajos de infraestructuras y construcción de viviendas en la provincia de Colón. La Prensa/Archivo

Los incentivos fiscales que otorgará la Ley de Colón Puerto Libre a las empresas que operen o inviertan en la zona podrán terminar beneficiando al consorcio que se adjudicó las obras de renovación urbana de Colón, integrado por Constructora Norberto Odebrecht y la panameña Cusa. Así opina el presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), Ramón Ricardo Arias.

El proyecto de Ley 222 establece el Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia de Colón y crea un registro de inversionistas de infraestructura y uno de comerciantes. Las empresas que se incorporen a este registro –algo que tendrán que tramitar a través de la Zona Libre de Colón– recibirán una serie de incentivos fiscales.

En el proyecto de ley se menciona que obtendrán las mismas ventajas que otorga la Ley 136, del 31 de diciembre de 2013, “que actualiza el régimen fiscal aplicable para la rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá”.

Tampoco pagarán impuesto de capital ni de importación por los materiales, maquinaria, materias primas, herramientas y demás insumos que requieran para sus operaciones en el sistema especial puerto libre, que se circunscribe a las denominadas “16 calles” de Colón.

Además de señalar como irregular el hecho de que se establezcan incentivos haciendo referencia a otra ley, y no creándolos expresamente, Arias advirtió que el objetivo de la ley es promover la ciudad como centro portuario y de comercio. “No veo la relación con la ejecución de infraestructuras. En particular, si tomamos en cuenta que hace unos meses se le concedió una licitación a un consorcio integrado por Odebrecht y Cusa para hacer unos trabajos parcialmente en la ciudad de Colón que de alguna manera se va a acoger a estos incentivos fiscales si la Asamblea los aprueba”.

Arias recordó que la ley 136 de 2013 de incentivos en el Casco Antiguo de Panamá –cuyos beneficios se pretenden extender a la ciudad de Colón– la aprobó la pasada administración con “muy poca consulta, y se aprobó cuando Odebrecht estaba haciendo trabajos de infraestructura en el Casco Antiguo.

No tiene mucho sentido que el Estado asuma un sacrificio fiscal en un contrato de más de $500 millones mientras le está diciendo al resto del país que pague impuestos”.

Ramón Ricardo Arias Transparencia Internacional Capítulo Panamá

“Yo creo que una vez más el Gobierno está saliéndose de su camino para darle beneficios fiscales a una empresa como Odebrecht. No tiene mucho sentido que el Estado asuma un sacrificio fiscal en un contrato de más de $500 millones, mientras le está diciendo al resto del país que pague impuestos”, dijo Arias.

Consultado al respecto, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, dijo que no cabe la posibilidad de que el consorcio reciba los incentivos de la Ley Colón Puerto Libre, pues estos están concebidos para inversiones privadas y el proyecto de renovación de Colón es inversión pública para cuya ejecución se contrató a estas empresas.

Etchelecu apuntó que el consorcio debe pagar los impuestos habituales, incluidos los municipales y el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (Itmbs).

El director de la Dirección General de Ingresos, Publio Cortés, no respondió a las llamadas telefónicas de este diario para conocer si el proyecto de ley puede beneficiar al consorcio que construirá la renovación urbana de Colón.

A su vez, el ministro de Comercio e Industrias y proponente de la Ley, Melitón Arrocha, dijo que el proyecto no fue pensado para casos en los que el Estado hace inversiones en infraestructuras.

El proyecto ya fue aprobado en primer debate por la Asamblea Nacional y está sujeto a modificaciones en el segundo debate. “Cualquier legislador [diputado] serio debería examinar esto porque si estamos por un lado haciendo recortes presupuestarios a varias instituciones, darle beneficios fiscales a una empresa como Odebrecht envía el mensaje equivocado”, dijo Arias, quien adelantó que se hará una petición formal a la Asamblea en este sentido.

EL SELLO DE ODEBRECHT

El proyecto de renovación de Colón supondrá una inversión de $569 millones, de la que un 40% se destinará a su centro histórico para mejorar la infraestructura.

En respuesta a los posibles beneficios fiscales que recibiría con esta Ley, el Consorcio Nuevo Colón aseguró que no está incluido el proyecto de renovación que comenzará el próximo 12 de octubre.

“En este momento, el consorcio conoce que existe un anteproyecto de ley que guarda relación con la iniciativa de Colón Puerto Libre. No obstante, cabe destacar que el consorcio actualmente no tiene injerencia alguna ni mantiene beneficios a la citada iniciativa legislativa”, respondió la empresa asesora en comunicaciones de Odebrecht.

La selección de la empresa brasileña para ejecutar los dos proyectos más importantes que hasta el momento ha licitado la administración del presidente Juan Carlos Varela ha sido ampliamente cuestionada por la sociedad civil.

Con este proyecto, la empresa participa sola o en consorcios en proyectos valorados en más de $9 mil 500 millones, cartera que se disparó en la administración del presidente Ricardo Martinelli, y que no ha dejado de crecer en este gobierno.

La concesión de los dos últimos contratos (la renovación de Colón y la segunda línea del Metro de Panamá) ha tenido lugar luego de revelarse un escándalo de corrupción sin precedentes en Brasil.

La cúpula de la empresa ha sido acusada de participar en carteles de corrupción con los contratos de la estatal Petrobras y producto de las investigaciones de las autoridades judiciales el propio presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, está detenido en Brasil.

Este escándalo provocó reacciones en varios países de América Latina en la forma de revisiones a los proyectos asignados a la empresa. En Panamá, mientras, su suerte no ha variado.

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