El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) pidió que se respete el contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá.
Esto, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la Ley 9 del 26 de febrero de 1997, por medio de la cual se aprobó el contrato de concesión entre el Estado y Minera Petaquilla, S.A.
Según el SIP, la acción jurídica no solo afecta a la empresa que ha realizado una de las inversiones más grandes del país, con más de 6 mil millones de dólares, sino que también atenta contra los miles de trabajadores y familias que dependen de esta actividad, los mil 400 proveedores y contratistas de diversos sectores, así como las inversiones realizadas para el beneficio de las comunidades en los alrededores del proyecto.
Crea también –agrega– un precedente negativo en materia de inversión y seguridad jurídica en el país.
El proyecto de Minera Panamá tiene un avance de 83% y se prevé que en 2019 se inicie la etapa de producción y exportación de cobre, con una proyección de 2 mil millones de dólares en envíos al exterior y un incremento en el producto interno bruto (PIB) de Panamá de 3%.
Según el SIP, este proyecto puede constituirse en un motor de crecimiento para la economía. Por ello, como gremio, “nos preocupan grandemente las afectaciones que pueden conllevar a una inestabilidad socioeconómica, producto de este fallo".
La organización que agrupa a los industriales exhortó a que impere el buen criterio de la Corte Suprema de Justicia para que “con sentido de urgencia”, se pueda clarificar el fallo, de manera que Minera Panamá “salga del vacío legal en que se encuentra”.
La sentencia de la CSJ respondió a una demanda presentada en 2009 por el Centro de Incidencia Ambiental contra la Ley 9 de 1997. Esa ley dio pie a lo que hoy es Minera Panamá.