Sistema financiero de Panamá, bajo escrutinio

Las entidades crediticias panameñas cuya calificación de riesgo es otorgada por la firma Standard & Poor’s (S&P) pasarán nuevamente por el tamiz de esta agencia en 12 meses, tiempo en el que el país deberá demostrar que las leyes, regulaciones y reglamentaciones recientemente aprobadas están surtiendo efecto en el fortalecimiento de la transparencia del sistema financiero.

Esto implica que Panamá tendrá el gran reto de demostrar, con contundencia, que se mueve en la dirección correcta. De esta forma, no se afectaría la nota que S&P le otorga a sus clientes, en este caso los bancos.

La calificadora decidió cambiar de estable a negativa la perspectiva de tres entidades: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (Bladex); Global Bank Corporation y subsidiarias; y Multibank Inc. y subsidiaria. Sus notas se mantienen intocables. Continúan con grado de inversión.

La perspectiva negativa otorgada el pasado viernes en ninguno de los casos guarda relación con la solidez financiera de estos bancos. Al contrario, S&P reconoce que son entidades robustas, con buenas adecuaciones de capital. Lo que cuestiona es el entorno en el que operan.

La tendencia negativa refleja las vulnerabilidades del marco regulatorio de Panamá ante los continuos escándalos de lavado de dinero.

“Esto ha exacerbado las deficiencias en la gobernabilidad y transparencia del sistema bancario panameño que podrían obstaculizar su desempeño financiero y operativo actualmente sólido”, sustentó la firma.

Haciendo eco de los trazos de riesgo que observa, S&P enumera algunos factores que “siguen poniendo a Panamá bajo el reflector de una manera negativa”. Cita que en los últimos tres años se han dado hechos como la inclusión en la “lista gris” sobre el lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

Un caso más reciente es la investigación global sobre las actividades de la firma Mossack Fonseca y la inclusión de Abdul y Nidal Waked, así como de todas sus empresas, en la “lista Clinton” de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico, del Departamento del Tesoro estadounidense.

S&P aduce que a pesar de mejoras en la supervisión y vigilancia regulatoria, el “caso Waked” sigue revelando algunas debilidades del marco institucional de Panamá.

Todos estos argumentos quedaron reflejados en un reporte emitido al público inversionista el pasado viernes.

Los bancos involucrados y la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ya sabían lo que estaba por venir.

El ente regulador rápidamente emitió un comunicado en el que aclaró que durante los últimos años se han hecho los cambios pertinentes para blindar al sistema financiero.

Se conoció que este mismo argumento fue utilizado en una conversación previa con los analistas de S&P.

Los especialistas de la agencia, sin embargo, consideraron que debían ver para creer. Ver la efectividad de los cambios para creer que realmente el país se maneja con los estándares internacionales de transparencia.

La calificadora emitió un reporte de línea dura. Dijo, entre otras cosas, que tras los escándalos, esperarían que el país tome los pasos necesarios para reforzar sus capacidades de monitoreo, “pero pasará tiempo antes de que podamos ver un historial probado”.

Además, indicaron como una debilidad el hecho de que Panamá aún no ha implementado normas regulatorias internacionales, como Basilea III.

La SBP reaccionó, aunque en su comunicado no menciona de forma taxativa a S&P. Su posición es que el país apunta hacia este estándar. En el año 2015 se aprobó una regulación sobre los componentes del capital.

En 2016 entró en vigencia una regulación sobre activos ponderados por riesgo de crédito.

“La hoja de ruta llevará a requerimientos de capital por riesgo mercado y riesgo operacional, siguiendo igualmente metodología estandarizada del Comité de Basilea, regulaciones que se aprobarán en 2017 y que entrarán en vigencia a partir de 2018 y 2019”, recalcó en el comunicado.

Respecto a la prevención del blanqueo de capitales, la SBP recordó que salida en el año 2015 de la lista del GAFI es una muestra concreta de los cambios y el compromiso de Panamá por consolidar un sistema financiero seguro.

Reconoce que durante los últimos meses se han experimentado situaciones que han afectado la imagen del sistema económico y legal de Panamá, pero ello no puede dar lugar a “conclusiones sin justificación” que echen por la borda el compromiso de introducir las acciones para evitar el blanqueo de capitales.Desde el año pasado Panamá creó un nuevo marco legal para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, modificó el régimen de acciones al portador y creó la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.

Con la ley que establece medidas contra el blanqueo de capitales se ampliaron a 31 los sectores que deben implementar los controles y la supervisión para prevenir el lavado de dinero.

La agencia precisa que si llegase a observar demoras en los refuerzos y mejoras en la supervisión, o nuevos escándalos que debiliten el sólido desempeño financiero del sistema, revisarían su evaluación del riesgo a una categoría más débil tanto del país como de los bancos.

De acuerdo con fuentes consultadas en este tema, esto es lo más alarmante del informe, ya que aunque Panamá haya hecho todos los esfuerzos por reforzar sus regulaciones, un nuevo escándalo, cuya génesis sea de vieja data, podría ser perjudicial para la industria financiera.

No obstante, podría pasar exactamente todo lo contrario y que el sistema salga airoso del informe, enfocado en el país y no en la realidad individual de cada banco al que califica, dijo el ejecutivo bancario.