La figura legal de la tercerización de cobro de impuestos morosos, la misma que sirvió de sustento para la contratación de Cobranzas del Istmo en 2010, sigue vigente. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, reiteró que esta administración no va a tercerizar el cobro, sino que se reforzará la Dirección General de Ingresos (DGI).
Aunque el contrato con Cobranzas del Istmo fue suspendido, primero por la DGI, y luego por la Corte Suprema de Justicia, la ley y la reglamentación crearon un esquema que sigue vigente. Por lo tanto, podría ser revivido en futuras administraciones.
La tercerización del servicio de cobro fue introducida en una reforma fiscal al inicio del gobierno de Ricardo Martinelli, cuando el ministro de Economía era Alberto Vallarino y el viceministro de Finanzas, De La Guardia.
La Ley 49 de 17 de septiembre de 2009 modificó el decreto de 1970 que creó la Dirección General de Ingresos (DGI) y le dio a la entidad capacidad para “contratar gestores de cobro con vasta y reconocida experiencia en los casos de morosidad que excedan de doce meses de haberse causado...”.Tanto Vallarino como De La Guardia han dicho que no estaban en contra de la tercerización de la gestión de cobro.
En concreto, De La Guardia ha manifestado tanto en público como en la querella penal presentada contra el exdirector general de Ingresos, su posición contraria a cómo se gestionó la contratación de Cobranzas del Istmo, firmada por Cucalón en agosto de 2010.
La Ley 49 de 2009 señala que “para los efectos legales de contratación administrativa y demás obligaciones contractuales, la representación legal de la entidad recae sobre el director general de Ingresos, previa reglamentación y aprobación mediante decreto ejecutivo”.
La citada reglamentación se concretó en el decreto ejecutivo 22 de 17 de marzo de 2010. En el artículo 7 de ese decreto se establece que “el director general de Ingresos, por conducto del ministerio de Economía y Finanzas, solicitará a las instancias correspondientes, dependiendo de la cuantía, la excepción de acto público y la autorización para contratar directamente con el gestor de cobro autorizado...”.
Según el MEF, Luis Cucalón no hizo este trámite, pero en el contrato con Cobranzas del Istmo incluyó que sí lo hizo, por lo que le acusa de la comisión del delito de falsedad documental.
Cucalón, por su parte, ha manifestado que siguió los lineamientos del decreto ejecutivo y que no pidió autorización porque el contrato no tenía una cuantía definida y, por lo tanto, no se podía determinar a qué instancia elevar la solicitud de excepción de acto público.