El contrato de la empresa Traffic Safety de Panamá para la instalación y administración de las cámaras de control de velocidad, es inconstitucional y, por tanto, debe ser declarado ilegal.
Así opinó Óscar Ceville cuando todavía era procurador de la Administración, dentro del proceso que se lleva a cabo en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, luego que la Asociación Nacional de Arrendadores de Vehículos (ANAV) demandara la nulidad del contrato de concesión pactado entre Traffic Safety y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en el año 2011.
En julio pasado, la Sala ordenó la suspensión temporal del contrato, hasta decidir el fondo de la demanda. Por tal razón, las cámaras de video vigilancia no han podido ser reencendidas.
Ceville –procurador hasta el 15 de enero pasado, cuando fue remplazado por Rigoberto González– advirtió que el contrato “adolece de vicios de nulidad” ya que deja “en manos de un particular” una función privativa de la administración pública, como es el cobro de las multas por exceso de velocidad.
Recalcó además que el contrato, refrendado por la Contraloría General de la República el 24 de noviembre de 2011, “carece de vigencia”, ya que nunca se publicó en Gaceta Oficial.
Otra ilegalidad radica en que no se celebró una consulta ciudadana, como dicta la Ley 6 de 2002 (“Ley de Transparencia”), como paso previo y obligatorio para imponer sanciones a los conductores.
Por último, Ceville observó en el contrato una “serie de condiciones que resultaron lesivos a los intereses públicos”, razón por la que pide a los magistrados de la Sala –Abel Zamorano, Víctor Benavides y Luis Ramón Fábrega– que declaren ilegal el contrato.
Las cámaras de Traffic Safety se estrenaron en junio de 2012 y la ATTT ordenó apagarlas 15 días después que La Prensa informara sobre su existencia. En apenas dos semanas de funcionamiento se giraron más de 2 mil multas con solo dos cámaras encendidas por Costa del Este.
Cuando el contrato fue pactado, en el 2011, Traffic Safety estaba representada por Ricardo Chanis, presidente de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), empresa en la que el expresidente, Ricardo Martinelli, es accionista. Chanis niega tener vínculo con la concesionaria.