¿Abrir la mina para pagar su cierre? La ruta que plantea la Comisión para Donoso

La ruta trazada por la Comisión Interministerial sobre el futuro del proyecto minero de Donoso plantea un proceso de cierre ordenado que, por sus propias características, supone que la mina tendría que estar operativa para generar los recursos que permitan financiarlo.

Sin embargo, los integrantes de la Comisión —los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias, Juan Carlos Navarro, de Ambiente, y Felipe Chapman, de Economía y Finanzas— no hablaron de reactivar la extracción ni de retomar la producción. Evitaron entrar directamente en ese terreno.

La presentación de sus recomendaciones ocurrió ayer, después de que el Ejecutivo encargara a la Comisión Interministerial analizar las alternativas para definir qué hacer con el proyecto minero tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato con Minera Panamá. Los ministros dejaron claro que el reporte no constituyen una decisión sobre el futuro de la mina.

Lo que sí plantea el informe es la necesidad de avanzar hacia un cierre ordenado, programado y autofinanciado, un proceso que, según se explicó, podría tomar décadas. Ese planteamiento es clave para entender el alcance de la recomendación.

Un proceso de cierre forma parte normalmente de la planificación de una operación minera, pero en este caso se plantea bajo un nuevo pacto y con la condición de que el Estado no asuma su costo.

De ahí surge la interrogante sobre cómo se generarían los recursos necesarios para financiar un cierre que podría extenderse durante 20, 30 años o más.

La interrogante quedó sin respuesta durante la presentación del informe en el Palacio de las Garzas, donde no se permitieron preguntas de los medios de comunicación y las agencias de noticias.

Las recomendaciones plantean que cualquier alternativa debe cumplir con seis criterios definidos por el Ejecutivo, que el presidente José Raúl Mulino calificó como no negociables: acatamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, rectoría del Estado sobre el recurso, cero costo fiscal para Panamá, transparencia verificable, prioridad para las comunidades y trabajadores afectados, y supervisión independiente.

Mulino explicó que el fallo de la Corte Suprema cerró una relación jurídica, pero no resolvió qué hacer con la infraestructura existente en el sitio. Ese es precisamente el vacío que ahora busca abordar la ruta propuesta por la Comisión, sin que hasta el momento se haya planteado públicamente una decisión sobre extracción o producción.

“Ese fallo cerró un contrato. No resolvió qué hacer con el sitio. Y el sitio existe. Está ahí, en territorio panameño, con una instalación de manejo de relaves, con tajos abiertos, con una planta eléctrica, con un puerto. Requiere gestión todos los días, tenga o no un marco jurídico”, señaló el mandatario.

El presidente dejó claro que todavía no existe una decisión sobre el futuro de la mina y que analizará las recomendaciones antes de definir el camino.

“Este informe no es una decisión. Es un estudio y una recomendación”, afirmó. Añadió que la propuesta es un cierre ordenado “conducido con orden, financiado por el propio sitio y verificable paso a paso, aunque tome décadas”.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, explicó que la dimensión de la operación hace inviable un cierre inmediato sin planificación. “Una operación de esta escala no se cierra en un año ni en cinco”, señaló al presentar las recomendaciones.

Por su parte, Felipe Chapman ubicó como condición central que el cierre no recaiga sobre los fondos públicos y describió lo que dejó de percibir el país por el cierre minero además de la pérdida de empleos.

“Cero es lo que debe costarle al Estado panameño la solución al problema de la mina de cobre”.

“Ese costo debe asumirlo íntegramente la operación minera. Sin esa condición, no puede haber acuerdo”, agregó Chapman.

Desde la perspectiva ambiental, Juan Carlos Navarro sostuvo que la suspensión de actividades no equivale a un cierre definitivo de una mina de esta magnitud. “Suspender sus operaciones de la noche a la mañana no es cerrar una mina”, afirmó, al señalar que el sitio requiere manejo de relaves, tratamiento de lixiviados, control de aguas de contacto y monitoreo permanente.

Con esta hoja de ruta, el Gobierno abre el proceso para definir si avanza hacia una negociación con First Quantum bajo condiciones previamente establecidas, mientras Mulino mantiene la decisión final en sus manos.

“Voy a estudiar este informe con mi gabinete, con mis abogados y con el tiempo que un documento de esta magnitud requiere”.

La Comisión recomienda autorizar el inicio de negociaciones formales con Cobre Panamá/First Quantum Minerals Ltd. para evaluar un nuevo acuerdo que permita resolver los arbitrajes internacionales pendientes y establecer las condiciones para una eventual puesta en marcha del proyecto bajo un esquema de cierre ordenado, autofinanciado y sin costo para el Estado.

Pero además, se sugirió adoptar el modelo de gestión y cierre autofinanciado sobre la base de la titularidad de la Nación sobre los yacimientos minerales, quedando el régimen de los activos de superficie y la participación del Estado definidos expresamente en los nuevos acuerdos que se pacten.

Otra de las recomendaciones se centra en que el instrumento legal para operar el cierre controlado de la mina, no debe adoptar la forma ni de un contrato-Ley, ni de un contrato de concesión. No se dijo cuál sería la figura.

Puede descargar el informe en este enlace:

Recomendaciones

Lo que propone Navarro para el cierre de la mina

- Un plan de cierre ordenado, acompañado de un fondo específico para financiarlo.

- Que el plan otorgue máxima prioridad a los aspectos ambientales, con una amplia y permanente veeduría sobre su ejecución.

- Que el plan establezca una fecha final y definitiva de cierre.

- Que la condición de cierre sea determinada mediante una evaluación científica y técnica.

- Crear un nuevo fideicomiso ambiental “de clase mundial”, con el objetivo de transformar el problema ambiental asociado a la mina en una solución para la protección ambiental del país.

Navarro planteó que una parte de los $100 millones anuales de ingresos sea asignada por el Ministerio de Ambiente para generar recursos destinados a proteger la biodiversidad mediante la inversión de los réditos del fideicomiso; promover la reforestación de sistemas degradados y establecer un sistema de pago por servicios ambientales que permita realizar pagos anuales a miles de productores y ganaderos.

Además de crear brigadas ambientales, desarrollar un programa de becas para formar científicos y crear un programa de cuidado de los ríos y sus cuencas.

Ambientalistas manifiestan preocupación

Los representantes del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM Panamá) indicaron que el pronunciamiento presentado por la Comisión Interinstitucional es una confirmación de que la reactivación del proyecto forma parte de la ruta planteada para alcanzar lo que la comisión denomina un “cierre autofinanciable”, del que no se ha definido la fecha, duración ni modalidad de esa eventual reactivación.

“Resulta particularmente preocupante que, mientras uno de los criterios planteados por la Comisión es el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema y Ley de Moratoria Minera, el informe no explique cómo puede reactivarse el proyecto sin contradecir las decisiones judiciales”, indican los ambientalistas.

Precisan que no hay claridad de cómo acatarán el fallo cuando existen aún las razones por las cuales se declaró la inconstitucional la Ley 406, entre ellas la ausencia de una licitación pública, la falta de un Estudio de Impacto Ambiental actualizado y la falta de consideración adecuada de los derechos humanos de las comunidades cercanas.

“Frente a estas contradicciones, el documento se limita a recomendar una consulta a los Procuradores”.

Además, advierte que el planteamiento de reabrir Cobre Panamá para después financiar su cierre supondría insistir en una lógica que el país ya sometió al control constitucional y que terminó con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 406.

Anteriormente, tanto CIAM como la mesa técnica ambiental rechazaron la auditoría minera por consideran que se basaba solo en documentos entregados por la propia mina Cobre Panamá.

First Quantum dispuesta a negociar

Mientras el gobierno lanza las recomendaciones, First Quantum señaló en un comunicado al que tuvo acceso La Prensa, que está dispuesta a participar en un proceso liderado por el Gobierno de Panamá.

“First Quantum reconoce que un nuevo acuerdo debe respetar la soberanía de Panamá, sus instituciones democráticas y un proceso liderado por el Gobierno”, indica la empresa que es matriz de Cobre Panamá.