Este año el Estado panameño destinó más de $28,000 millones al gasto e inversión pública, incluyendo el último crédito adicional al presupuesto con cargo a la venta de tierras a la ACP por $500 millones.
El próximo año el presupuesto superará los $32,000 millones, es decir, un poco más de $9,000 pondrá el gobierno entre inversión y gastos por cada habitante del país. A nivel regional, el de Panamá es el presupuesto gubernamental más alto de Centroamérica, y en cuanto a la proporción per cápita, es uno de los más altos de toda Latinoamérica.
En esta coyuntura, siendo Panamá el sexto país del mundo con mayor desigualdad de acuerdo al Banco Mundial, y que esa brecha no se haya reducido significativamente a pesar de que el presupuesto estatal se incrementa todos los años, los ciudadanos sienten que el dinero de sus impuesto no se retribuye ni con eficiencia ni con eficacia en su bienestar social.
Jembell Chifundo, una colonense que se mueve en silla de ruedas y que es parte de la organización Contrapeso, denunció que los presupuestos, tanto a nivel municipal como del gobierno central, son sometidos a la voluntad política y la línea partidista de los gobiernos de turno y que carecen de una participación activa de la ciudadanía.
Por otro lado, Chifundo también criticó la falta de cercanía de las instituciones con las comunidades en todo el proceso presupuestario, desde su asignación y su ejecución hasta su monitoreo y replanteamiento con base en resultados, además de la ausencia de datos desagregados, que hace que “todos los esfuerzos sean insuficientes porque no sabemos ni dónde estamos ni cuáles son nuestras cosmovisiones”.
En esa línea, apeló al último censo como un factor determinante de ejecutar planes de acciones afirmativas que aterricen en las comunidades, pero “hasta que realmente no salgamos de la oficina para integrarnos en el campo y tener una realidad más cercana a la comunidad, va a seguir siendo insuficiente, aparte de que no hay una vinculación permanente entre las personas del gobierno que toman decisiones y las personas que están sufriendo las consecuencias de una pandemia, por ejemplo, o de la mala gestión de la salud”.
Otra falencia que se proyecta en los resultados deficientes de cualquier ejecución presupuestaria son la falta de sensibilización, la poca participación de sociedad civil y la poca educación formal. ¿Cuál es el grupo prioritario para la asignación de fondos? ¿Quién prioriza eso y bajo qué criterios se establece un presupuesto?
¿Realmente contemplan los gastos asociados a las diferentes vulnerabilidades o lo hacen solo con el criterio “técnico” que al final no está realmente en sintonía con la realidad de quienes la viven? Estas son las preguntas que lanzó Chifundo a las autoridades en medio de un taller de presupuesto abierto que se dio en el marco de la semana de Presupuesto Abierto organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI).
En ese mismo evento estuvieron los jefes de presupuesto de varias entidades que están en un plan piloto para empezar a confeccionar presupuestos basados en resultados a partir del 2025. El plan lo dirige el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acompañados por el TI y busca que las asignaciones se base en el resultado de los objetivos trazados por la entidad, el gobierno y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Una de esas instituciones es el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), cuyo jefe de presupuesto, Marvin Rodríguez, explicó que a través de la página de transparencia están publicando todos los presupuestos basado en resultado con el fin de “trabajar acciones para ver cómo se pueden incorporar acciones ciudadanas al presupuesto”.
Por su parte Joana González, directora de planificación del Mides, dijo que se alinean con el plan estratégico del gobierno y el cumplimiento de 8 acciones de las 125 acciones prioritarias del gobierno, fines que acaparan el 88% del presupuesto de la entidad. Explicó también que la planificación es anual y le dan seguimiento mensualmente verificando si los beneficiarios de los fondos los recibieron o no para determinar si cumplieron los objetivos o no.
