El Gobierno de Panamá debe hacer frente a alrededor de $305 millones luego de fallos dictaminados en su contra por conflictos que en algunos casos se remontan a la década de 1970, admitió el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
Solamente en casos fallados en contra del Estado por tribunales locales de justicia se acumula una deuda de $150.4 millones.En este grupo de reclamos se encuentran varias demandas por expropiaciones de tierras ejecutadas en la época de la dictadura militar. Una familia reclama el pago de $80.9 millones por una expropiación de terrenos en Tocumen por parte de la Autoridad Aeronáutica Civil. Una sentencia de 1999 dio la razón a la familia en cuanto a que el proceso fue irregular, pero no determinó el monto de la indemnización a pagar. En cualquier caso, ningún Gobierno a la fecha ha saldado esta cuenta pendiente.
Privatizaciones y conflictos laborales
También generaron reclamos al Estado que todavía no se han resuelto los procesos de privatización de empresas públicas como el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel) y los Casinos Nacionales, entre otras, acometidos en la década de 1990.
Los extrabajadores de estas compañías reclaman desde entonces que sus procesos de liquidación no se hicieron de manera correcta, que no se pagaron ciertas primas y recargos a los que tenían derecho y, en algunos casos, que nunca se les devolvieron las partidas del decimotercer mes correspondientes a 1989, 1990 y 1991, suspendidas en aquel momento por la crisis económica que atravesaba el país.
Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas dijeron que en algunos de estos casos hay sentencias en firme que dan la razón a los trabajadores y en otros todavía está pendiente de análisis la indemnización a la que tienen derecho. El Ejecutivo calcula que este grupo de reclamos puede suponer $100 millones para las arcas públicas.
Otros $32 millones deberá asumir el Gobierno correspondientes a órdenes dictadas por Carrera Administrativa debido a distintos conflictos laborales de funcionarios y a acuerdos alcanzados entre el Estado y particulares.
En el renglón de los acuerdos figuran, por ejemplo, una indemnización por una finca afectada por el corredor Sur o el pago de fincas sobre las que se encuentra construido el Hospital San Miguel Arcángel.
Puente Van Dam
El Estado panameño todavía tiene pendiente el pago de $23.2 millones al consorcio que fue contratado por el gobierno militar para la construcción del que sería el segundo puente sobre el Canal de Panamá, que se denominaría puente Simón Bolívar.
El proyecto contaba con el apoyo del Gobierno venezolano y había sido adjudicado al consorcio formado por la empresa venezolana Industrias Metalúrgicas Van Dam y la panameña Sosa & Barbero Constructores.
Los trabajos comenzaron en Panamá, mientras que las estructuras metálicas del puente se construían en Venezuela. No obstante, en 1982, el presidente Ricardo De La Espriella decidió cancelar el contrato alegando que el Gobierno pasaba por momentos de estrechez financiera.
El consorcio reclamó durante años una indemnización por los daños ocasionados. Ya en democracia, en 1999, se resolvió un laudo arbitral en la Cámara de Comercio de Panamá a favor de las empresas. El Estado, por tanto, quedó obligado a pagar una indemnización por un puente que nunca se construyó.
Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas explicaron que “en algún momento el Estado redactó un convenio de pagos que cumplía lo establecido en el laudo, pero no se concretó y por tanto es una obligación que se tiene pendiente”.
Saldando cuentas
Los distintos gobiernos de la democracia han ido pagando poco a poco algunas de las cuentas pendientes, pero la deuda total generada por estos conflictos es todavía considerable y es difícil que se cancele en un periodo corto, ya que el país tiene otras muchas necesidades que atender con los recursos públicos.
Para 2016, el Gobierno ha contemplado una partida de $25 millones para cumplir con algunas de estas obligaciones, confirmó el Ministerio de Economía. Desde la institución se explicó que, tradicionalmente, el criterio que se ha establecido es pagar de acuerdo con la antigüedad de la cuenta. No obstante, cuando la parte afectada está dispuesta a negociar las condiciones de pago, también se facilita que se llegue a un acuerdo y se termine concretando el desembolso.
