Los consensos alcanzados en la mesa de diálogo en materia de canasta básica en la jornada que se extendió hasta la madrugada del lunes 25 de julio podrían generar distorsiones en el funcionamiento del mercado, escasez de productos y alza de precios en artículos fuera del control que ha establecido el Estado, ahora con un papel mucho más protagónico en la cadena de comercialización del país.
En la mesa de diálogo se acordó una reducción de la canasta básica de 30% para lo cual el Gobierno se comprometió a tomar una serie de medidas complementarias, entre ellas, el establecimiento de precios tope, la reducción arancelaria con control de margen de comercialización, la adquisición de productos nacionales a precio de mercado y ofrecerlos con subsidios a través de un programa del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) que se denominará “Productos Panamá”.
En total, los productos a los que se les aplicarían distintas medidas para reducir el costo son 72, lo que traería un supuesto ahorro de $80, según Doris Zapata, ministra de Trabajo y negociadora por parte del Gobierno.
El viceministro de Comercio Interior, Omar Montilla, explicó que el precio tope es el mecanismo que ya se viene aplicando de control de precios y cuya supervisión está a cargo de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.
Fue el gobierno de Juan Carlos Varela el que empezó con el control de precios de 22 productos en el año 2014. A través del tiempo pasaron a ser 14 productos controlados y finalmente quedaron 8. En campaña presidencial, Laurentino Cortizo había prometido eliminarlo por completo.
De acuerdo con el consenso en la mesa del diálogo de Penonomé, Coclé, ahora serán 19 productos con precio tope ( ver gráfica).
En tanto, la reducción arancelaria se aplicaría a productos importados. Justo ayer, 25 de julio, el Consejo de Gabinete eliminó el arancel de importación de las hojuelas, conos, copos y análogos de maíz; del papel higiénico, las compresas, toallas sanitarias, tampones higiénicos; así como aceites y otros productos.
Mientras que el subsidio significa que el IMA comprará al productor nacional a precio de mercado y aplicará un descuento de 25% que asumirá el Estado y que trasladará a los consumidores.
Las medidas consensuadas generan incertidumbre y preocupación al sector industrial.
Luis Frauca, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) comentó ayer a este diario que el Estado tendría un rol más activo con estas medidas y rechazó dichos niveles de intervención.
Dijo que este tipo de políticas, de existir, deben ser coyunturales y no permanecer en el sistema económico, recordando que medidas como el control de precios se instalaron hace ocho años con carácter temporal y aún están vigentes.
En 2019, ante el congelamiento de algunos precios, los artículos fuera de la regulación subieron de precio para soportar el peso económico de vender los que estaban por debajo de su costo.
También sucedió que cuando había más oferta de un producto, se hubiese esperado la disminución de precios, incluso por debajo del tope regulado, pero esto no ocurrió.
Un ejemplo que todos recuerdan fue lo que pasó con los huevos medianos, que cuando fueron excluidos del control, los precios estuvieron incluso por debajo de lo que tenían durante la regulación.
Sobre la medida del subsidio, Frauca dijo que el Gobierno ya tiene deudas con los productores y que estos no van a tener la confianza para vender a un Gobierno que no paga a tiempo. Esto, mientras los gastos ligados a la producción y distribución de los productos se deben pagar al día.
Además, se preguntó con qué presupuesto asumiría el Gobierno estos subsidios.
En esto coincide con Lorenzo Jiménez, productor de Tierras Altas, Chiriquí, quien alertó que con costos tan altos de producción -con fertilizantes y plaguicidas mucho más caros- los trabajadores del campo correrían el peligro de dejar de sembrar si no se les pagara a tiempo.
“No sabemos cuántos productores realmente estarían dispuestos a venderle al Estado”.
Uno de los puntos acordados en el diálogo es el establecimiento de una mesa de pago interinstitucional con la participación de la Contraloría General de la República, con el propósito de realizar pagos pendientes y cancelar deudas en un plazo de 60 días.
“Esto no es un problema únicamente de los productores. Se trata de un asunto que involucra a todo el país porque no se puede poner en juego la seguridad alimentaria. Tal vez, en otro momento, la solución fuera importar. Pero con la inflación que se experimenta a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, no es que tenemos muchos caminos que tomar”, dijo Jiménez.
A su juicio, la compra del producto a través del Estado sería una decisión menos nociva que el control de precios, pero habría que saber con certeza cómo han ideado la comercialización, el transporte y el despacho del producto. “Precisamente por discusiones de este tipo es que estamos pidiendo estar sentados en la mesa del diálogo”, sentenció.
En el pasado, las ferias organizadas por el IMA se caracterizaron por largas filas y escasez temporal de productos.
En el caso de la reducción arancelaria, Frauca señaló que no está claro cómo se va a trasladar esa reducción del arancel al precio final de los productos, apuntando a que el arancel es solo una de las variables que inciden en el precio de un bien.
Alertó que tampoco se ha explicado cuál será el precio objetivo al que se pretende llegar con esta medida, y que si el margen para el comercializador es bajo, lo dejará de promover.
Ante la comunicación del Gobierno sobre los acuerdos alcanzados, la Gran Alianza Nacional por Panamá, [que reúne a 115 agrupaciones empresariales, de profesionales y de productores] comunicó ayer que cualquier medida que involucre a los agricultores, ganaderos, pescadores, comerciantes, distribuidores y agroindustriales tiene que ser analizada y consensuada con los actores representativos de cada actividad.
