En Panamá los jubilados y pensionados disfrutan de una serie de descuentos en restaurantes, hoteles, farmacias y líneas aéreas, entre otros beneficios.
Sin embargo, en los últimos meses varias propuestas de anteproyectos de ley, han propuesto revisar la actual Ley 6 de junio de 1987 para agregar nuevos beneficios o incrementar los porcentajes de descuentos, además de facilitar la deducción de impuestos a los comercios que otorguen estas ventajas.
En concreto, las propuestas de leyes 226, 225 y 227 fueron agrupadas en un solo documento, el proyecto de ley 226, cuyo primer debate fue retomado el pasado 30 de marzo en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, pero no se logró un consenso sobre su aprobación.
Los representantes de las aerolíneas, hoteles, farmacias y comerciantes en general presentaron sus objeciones y además los diputados pidieron la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas, ante algunas denuncias sobre presuntas irregularidades en la aplicación de los beneficios que posteriormente se deducen de impuestos.
Uno de los cuestionamientos vino de parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) que agrupa a las aerolíneas. Alejandro Muñoz, subdirector de ese gremio, para asuntos de gobierno, alertó que de aprobarse un incremento de 25% —que es actualmente el descuento— a 35% —que es la propuesta original—, se estarían violando acuerdos internacionales suscritos por Panamá con varios países, en materia de libertad de precios de los pasajeros aéreos.
Muñoz advirtió que incrementar el beneficio del 25% al 35% impactaría directamente la rentabilidad de las aerolíneas, un sector que —según explicó— opera con márgenes reducidos de ganancia por pasajero.
“Pasar del 25% al 35% afecta directamente la rentabilidad del sector (...) las aerolíneas tienen un margen de apenas 2 a 3 dólares por pasajero”, sostuvo.
Aclaró que el gremio no se opone a seguir dando el descuento del 25% que se otorga actualmente, pero alertó que elevar este monto contradice al menos cuatro acuerdos internacionales suscritos por Panamá, que le impiden colocar nuevos descuentos que afecten el precio final del pasaje. “Ese descuento del 25% ya estaba aprobado y vigente cuando Panamá firmó los acuerdos internacionales por lo que las aerolíneas están conscientes de que se otorga ese beneficio”, explicó.
Además, alertó que elevar el porcentaje podría trasladar el costo a otros usuarios, ya que las aerolíneas tendrían que compensar la diferencia en las tarifas.
Añadió que podría incluso tener implicaciones legales, al indicar que Panamá podría incumplir acuerdos bilaterales internacionales que garantizan a las aerolíneas la libertad de fijar sus precios.
Los acuerdos en específico son cuatro:
-Panamá – Estados Unidos: Acuerdo de Cielos Abiertos ratificado por Panamá mediante la Ley 63 de 1998. La cláusula de libertad tarifaria se encuentra en el artículo 12 del acuerdo.
-Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos de la Comisión Latinoamericana de Autoridades de Aviación Civil: Ratificado por Panamá el 15 de enero de 2013. Este acuerdo ha sido ratificado y está vigente en 9 países de Latinoamérica: República Dominicana, Chile, Uruguay, Guatemala, Paraguay, Panamá, Colombia, Honduras y Brasil. La cláusula de libertad tarifaria se encuentra en el artículo 17 del acuerdo.
-Panamá – Cuba: Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos, ratificado por Panamá mediante la Ley 45 de 2008. La cláusula de libertad tarifaria se encuentra en el artículo 15 del acuerdo.
-Panamá – Marruecos: Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos, ratificado por Panamá mediante la Ley 53 de 2018. La cláusula de libertad tarifaria se encuentra en el artículo 9 del acuerdo.
Hoteleros y comerciantes presentaron sus objeciones
Representantes del sector hotelero advirtieron que el aumento de los descuentos afectaría directamente la rentabilidad de la industria turística.
El presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) Víctor Concepción, señaló que la propuesta introduce esquemas como la segmentación por facturación que consideran inviables en la práctica y que, además, trasladan el costo de los beneficios sociales completamente al sector privado, el cual ya ha asumido estos descuentos por décadas.
“La asociación ve con preocupación la inviabilidad de una segmentación por facturación que se está estableciendo en este anteproyecto de ley (...) Esto crea una distorsión financiera”, dijo.
Concepción explicó que la mayoría de los hoteles bajo un solo aviso de operación operan sus restaurantes y esto pondría cierto nivel de fricción.
“Llega un jubilado a un restaurante y exige su 30% y luego el restaurante debe simplemente evidenciar que factura menos de 85 mil dólares para poder darle el descuento del 25%”. Alertó que el incremento de estos descuentos pone en riesgo la rentabilidad de los hoteles.
Además, aclaró que los hoteles no pueden deducir desde el impuesto sobre la renta el descuento del 30% y el 50% que ya está establecido en la ley.
En la misma línea, el representante de la Cámara de Comercio planteó que los descuentos actuales ya representan una carga onerosa para las empresas, llegando incluso a implicar ventas a pérdida en algunos casos.
El gremio subrayó la necesidad de analizar con mayor profundidad el impacto económico del proyecto y cuestionó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no esté aplicando de forma efectiva las deducciones fiscales contempladas en la ley vigente.
Desde el sector farmacéutico, los participantes expusieron distorsiones en la estructura de precios de los medicamentos. Indicaron que, para poder asumir los descuentos a jubilados, algunas farmacias se ven obligadas a incrementar los precios, lo que termina afectando al resto de los consumidores. Además, señalaron que los precios no son fijados por las farmacias, sino por distribuidores e importadores, lo que limita su margen de acción.
Tras escuchar a las distintas partes, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social acordó suspender la discusión y continuar el análisis del proyecto de ley el martes 7 de abril, con la expectativa de contar con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas para aclarar los aspectos fiscales del debate.
Analizarán observaciones
El diputado proponente del proyecto de ley, Javier Sucre (PRD), explicó que durante el proceso en subcomisión se realizaron ajustes a la propuesta original. “Lo que pasa es que ahí con la subcomisión se acordó en ajustar y se bajaron algunos porcentajes de lo que nosotros habíamos acordado con el grupo de los jubilados.
En cuanto a las críticas del sector empresarial, Sucre defendió la iniciativa y aseguró que no busca afectar a las empresas.
“Los que intervinieron por supuesto que estaban en contra son los participantes empresarios que se sienten afectados, pero nosotros primero que todo no estamos buscando ninguna afectación para empresarios… la ley establece que los descuentos sean rebajados del pago de los impuestos y nosotros estamos presentando las garantías y las modificaciones necesarias para que los empresarios lo puedan bajar de los impuestos”, afirmó.
El representante de los jubilados, Guillermo Cortés, defendió la propuesta y cuestionó los argumentos presentados por algunos sectores empresariales durante el debate. “He escuchado varias inexactitudes… decir que esto va a crear desempleo, decir que esto va contra la seguridad jurídica, eso es totalmente falso”, afirmó, al rechazar que el aumento de los descuentos genere impactos negativos en la economía.
Cortés también insistió en que el problema no es el proyecto de ley, sino la falta de aplicación de la normativa vigente. “Este es un proyecto que es totalmente correcto… lo que tienen que hacer algunas personas del comercio es ser serios en sus tributaciones”, sostuvo, al tiempo que pidió a la comisión aprobar la iniciativa legal.
Descuentos vigentes
Principales descuentos para jubilados y pensionados en Panamá
Recreación y entretenimiento
50% en cines, teatros, eventos deportivos y espectáculos públicos (excepto benéficos).
Transporte
30% en autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos.
25% en pasajes aéreos.
30% en el Metro de Panamá (requiere tarjeta especial con renovación anual).
Hoteles y hospedaje
50% de lunes a viernes.
30% de viernes a domingo.
Restaurantes
25% en consumo individual.
15% en comidas rápidas de franquicias.
Salud
15% en hospitales y clínicas privadas.
20% en medicamentos.
20% en honorarios médicos y quirúrgicos.
15% en servicios odontológicos y de optometría.
Servicios profesionales y técnicos
20% en honorarios profesionales.
20% en prótesis, aparatos y accesorios.
Servicios públicos
25% en energía eléctrica (hasta 600 kWh).
25% en telefonía residencial (una línea).
25% en consumo de agua (hasta B/.30).
Otros beneficios
50% en solicitud de pasaportes.
50% en impuesto de aeropuerto.
20% en servicios funerarios.
100% de exoneración en trámites del Registro Público para organizaciones sin fines de lucro.
