El 21 de diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley 9 de 1997. Casi 5 años más tarde, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo invoca esta decisión para, entre otras cosas, suspender las operaciones comerciales de Minera Panamá S.A.
Luego de 15 meses desde que se iniciaron las negociaciones para un nuevo contrato ley, el proceso quedó estancado.
En lo que obviamente es una acción de negociación “dura”, el gobierno Cortizo suspende las operaciones comerciales de la empresa, según lo establece la Resolución de Gabinete N°144 del 15 de diciembre de 2022.
Esto implica que Minera Panamá S.A. no puede extraer material, ni mucho menos embarcarlo para su venta. La empresa sigue encargada de las instalaciones y de cumplir con los temas de seguridad industrial, protección ambiental, y otros asuntos esenciales. La presencia de tres ministros de Estado implementa el mecanismo de supervisión y cumplimiento de este proceso.
Esta acción está respaldada por el Derecho Internacional, ya que hay una decisión judicial que extinguió la relación jurídica, y el Estado panameño es por Constitución y por tratados internacionales, el dueño del subsuelo, los cuerpos hídricos y, por supuesto de los recursos marinos.
Lo que debe suceder es que la reacción en los mercados bursátiles y, entre los accionistas, altos ejecutivos y, sobre todo entre los clientes de First Quantum Minerals, debe provocar que la empresa regrese a la mesa de negociación y concluya el acuerdo.
Si esto falla, el gobierno nacional deberá tomar otras acciones importantes para encontrar un nuevo operador y a la vez enfrentar un proceso arbitral, llegado el caso. Esto no es tan fácil, pero es necesario mencionarlo como un posible escenario.
El autor es abogado
