Un nuevo debate se abre en el país tras la presentación de un anteproyecto de ley que propone cobrar una tasa de 10 dólares a los pasajeros en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen y otras terminales aéreas.
La medida, impulsada por el diputado suplente Benicio Robinson González (Partido Revolucionario Democrático), busca aprovechar el alto flujo de viajeros internacionales que pasan por Panamá sin quedarse en el territorio.
Según cifras oficiales, de los 19 millones de pasajeros que anualmente usan Tocumen, más del 60% usa la terminal aérea como escala hacia otros destinos.
El dipitado plantea que con este cobro, el Estado podría recaudar hasta 190 millones de dólares por año. La propuesta divide los fondos en dos: un 30% iría a modernizar y mantener la red aeroportuaria nacional, y el 70% se destinaría a reforzar hospitales públicos de referencia como el Santo Tomás, el Hospital del Niño y el Oncológico Nacional.
“Esta iniciativa es un acto de justicia tributaria y de visión estratégica. No buscamos afectar al turismo, ni encarecer la conectividad, sino aprovechar una oportunidad que nos permita transformar el tránsito internacional en inversión concreta para nuestra infraestructura aeroportuaria, beneficiando también a regiones que hoy requieren atención prioritaria, como Isla Colón y Changuinola, en Bocas del Toro”, señaló el Diputado Suplente.
Robinson sostiene que el turismo representa más del 16% del PIB y que mejorar la infraestructura aeroportuaria es clave para sostener ese crecimiento, al tiempo que se atienden necesidades urgentes del sistema de salud.
Antecendetes de otras propuestas
En 2019, el diputado Raúl Pineda presentó un anteproyecto que planteaba cobrar 5 dólares a cada pasajero en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El objetivo, según la propuesta, era crear un fondo para incentivar a las aerolíneas que trajeran más turistas a Panamá y, de esa manera, fortalecer el sector turístico y la conectividad aérea. La medida también buscaba aprovechar el alto número de pasajeros que solo usan el país como punto de conexión, pero que no dejan un beneficio económico directo.
La reacción de los gremios aeronáuticos en ese momento fue inmediata. Organizaciones como la Asociación de Líneas Aéreas en Panamá (ALAP), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtieron que aplicar un impuesto a pasajeros en tránsito pondría en riesgo la competitividad del hub aéreo panameño. Según estas agrupaciones, una medida de este tipo podía reducir el número de pasajeros y vuelos, afectando la conectividad y golpeando indirectamente al turismo y la economía nacional.
A las críticas del sector aéreo se sumaron los gremios empresariales. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (ApedeE) coincidieron en que la propuesta iba en contra del clima de negocios y de la imagen de Panamá como centro regional de conexiones. Para ellos, el país debía enfocarse en fortalecer su competitividad frente a otros hubs de la región, en lugar de introducir nuevos peajes que podrían desalentar el tránsito de viajeros y frenar la reactivación económica.
