La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional prohijó este miércoles 20 de agosto el anteproyecto de ley 119, que plantea poner fin a la concesión otorgada por el Estado panameño a la empresa Panama Canal Railway Co. para la operación y administración del Ferrocarril de Panamá.
El contrato que aprobó la concesión data de hace más de 25 años, puesto que fue aprobado mediante la Ley 15 del 17 de febrero de 1998. Dicha norma busca ser derogada por el anteproyecto 119.
No obstante, hubo una prórroga del contrato en el año 2023 hasta el año 2049, aprobada por la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). La misma es investigada desde diciembre de 2024 por el Ministerio Público.
Más recientemente, el 2 de abril de 2025, APM Terminals, división de la naviera danesa A.P. Moller – Maersk, anunció en un comunicado la adquisición de Panama Canal Railway Co., operación por la que pagó $600 millones.
Con el prohijamiento, el anteproyecto 119 se convertirá en proyecto de la comisión y deberá ser analizado para su discusión en primer debate.
Según la exposición de motivos del anteproyecto, el contrato ha generado ingresos “relativamente bajos para el Estado”, a la vez que critica cláusulas que “vulneran principios constitucionales de transparencia, interés público y beneficio económico”.
El citado texto fue presentado por el diputado Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Joan Guevara, del partido Alianza, el pasado 11 de agosto.
“Además, la prórroga unilateral del contrato hasta el año 2049, sin consulta ni debate público, viola los principios de transparencia y participación ciudadana establecidos en la Ley 6 de 2002” , señala la exposición de motivos del anteproyecto.
Adicionalmente, en su artículo 2, el anteproyecto delega en el Órgano Ejecutivo el inicio de un nuevo proceso de licitación internacional para la concesión del Ferrocarril.
El eventual avance del anteproyecto en la Asamblea ha generado opiniones divididas en diversos sectores, incluida la Cámara Marítima de Panamá (CMP), juristas y abogados.
Opiniones divididas
En un comunicado fechado del pasado 16 de agosto, la Cámara Marítima expresó su preocupación frente a la presentación del anteproyecto de Ley 119.
“Manifestamos nuestra preocupación por la presentación del anteproyecto de ley 119, ya que cualquier iniciativa legislativa que afecte la estabilidad de contratos legalmente constituidos, sin sustento suficiente y sin agotar espacios de diálogo constructivo, debilita la confianza en el país y compromete el desarrollo de sectores estratégicos”.
Entre las principales preocupaciones del gremio se encuentra la confianza en el orden jurídico del país, puesto que las raíces del contrato abarcan jurisprudencia que es cuestión de debate entre abogados.
El anterior dilema lo exploró el abogado Rodrigo Noriega en una columna publicada en La Prensa, en la que recopiló comentarios del exprocurador de la administración entre 2014 y 2024, Rigoberto González Montenegro.
Para González Montenegro, “una vez aprobado el contrato, aunque sea mediante ley, el mismo queda sujeto a los parámetros acordados para su cumplimiento y posible terminación antes de tiempo. Por tanto, al legislador le estaría vedado derogarlo mediante ley, salvo una posible inconstitucionalidad. El riesgo de derogarlo mediante ley es una posible demanda contra el Estado”.
En tanto, Noriega plantea alternativas que eviten a los diputados derogar la Ley que permitió la concesión. “Los diputados podrían demandar la inconstitucionalidad del contrato ley que consideren injusto o cuestionar la legalidad de la resolución de la Junta Directiva de la AMP del 9 de febrero de 2023, que renovó la concesión hasta el año 2049″, planteó.
Los diferentes planteamientos a favor y en contra del anteproyecto ocurren luego de fuertes críticas a la extensión del contrato de concesión.
Además de la extensión, se ha cuestionado que el ferrocarril subalquile terrenos del Estado a la Autoridad Nacional de Aduanas y al Metro de Panamá, S.A., este último paga anualmente $700,363.45 a la empresa Panama Canal Railway Co. por el uso de varios locales en el corregimiento de Ancón.
Paralelamente, el contralor general de la República, Anel Flores, ha señalado que esta concesión estaría en la lista de las revisiones y auditorías que proyecta hacer su despacho.
