La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) advirtió este domingo 7 de diciembre que las recientes evaluaciones de las agencias calificadoras de riesgo confirman un escenario que exige decisiones en materia fiscal y de gobernanza.
Moody’s y Standard & Poor’s reafirmaran recientemente la calificación de Panamá, pero acompañadas de observaciones que, junto con la “degradación previa de Fitch”, evidencian vulnerabilidades estructurales.
Según S&P, la economía panameña continuará creciendo por encima del promedio regional, impulsada por los sectores logístico y financiero, así como por importantes proyectos públicos y privados.
Estas evaluaciones son “un llamado directo a fortalecer la institucionalidad, la gobernanza y la responsabilidad fiscal”, dijo Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, al destacar que tanto el gobierno como la ciudadanía deben asumir un papel clave en la estabilidad del país.
Recordó que la preservación del grado de inversión tiene impactos concretos en la vida diaria, desde las tasas de interés de los préstamos personales y empresariales hasta los costos del financiamiento estatal y la posibilidad de atraer inversión extranjera.
“Panamá no puede arriesgar perderlo por la negligencia de algunos gobiernos y la indiferencia ciudadana”, sostuvo la dirigente.
De acuerdo con De Sanctis, las calificadoras han sido consistentes en sus advertencias: reducir el déficit fiscal, corregir rigideces del gasto público, elevar la recaudación, reforzar la transparencia y asegurar estabilidad jurídica. Estos elementos, dijo, son esenciales para garantizar la capacidad del país de invertir en educación, salud, infraestructura y pensiones. "Es lo que siempre hemos defendido desde Apede", agregó.
Destacó la relevancia del anuncio del Gobierno sobre el inicio del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La integración a este organismo —explicó— obliga a implementar estándares más estrictos de transparencia, calidad del gasto y evaluación de políticas públicas. “Si Panamá aprovecha este proceso con rigor técnico y voluntad política, que, aunque puede tomar muchos años, puede convertirlo en un motor de reformas que fortalezcan su credibilidad fiscal e institucional, y con ello su posición ante los mercados”, señaló.
De Sanctis resaltó que la competencia regional por atraer capital y oportunidades se ha intensificado, por lo que proteger el grado de inversión y reforzar la estabilidad institucional deben ser “prioridades nacionales, no banderas partidarias”.
También insistió en la necesidad de acuerdos amplios entre actores políticos, sociales e institucionales para sostener la estabilidad económica. Aseguró que la organización que preside está preparada para aportar insumos técnicos y espacios de diálogo que contribuyan a recuperar la confianza de los mercados internacionales.
“La política fiscal debe ser una política de Estado. Las reformas no pueden seguir postergándose y la institucionalidad debe respetarse. Panamá tiene todo para retomar la senda de confianza y liderazgo. El momento es ahora”, indicó.
