La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) advirtió este domingo que uno de los principales retos del país para impulsar un crecimiento más inclusivo es reducir la informalidad laboral, que alcanza al 47.1% de los ocupados no agrícolas, equivalente a 784,990 personas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) correspondientes a septiembre de 2025.
El gremio, presidido por Giulia De Sanctis, valoró el lanzamiento del programa gubernamental Panamá pa’ Ti y su enfoque en empleo, salud, canasta básica y agua.
Sin embargo, sostuvo que la meta de generar 80,000 empleos privados debe complementarse con una estrategia específica para transformar puestos informales en empleos formales y productivos.
Apede señaló que la informalidad mantiene a miles de trabajadores sin acceso a la Caja de Seguro Social ni a una jubilación digna, lo que prolonga la vulnerabilidad económica de las familias. A la vez, indicó que esta condición reduce los aportes al sistema de pensiones y debilita la recaudación fiscal del Estado.
“La informalidad es una realidad compleja que limita el alcance de cualquier política pública. Para el trabajador, significa generar ingresos en el día a día, pero desprotegido, sin el respaldo de la Caja de Seguro Social ni el derecho a una jubilación digna, lo que perpetúa la vulnerabilidad de su familia”, dijo en el artículo La Voz de Apede.
La organización también alertó de que el empleo informal genera una competencia desigual para las empresas que cumplen con sus obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social. Aunque reconoció que representa una alternativa de subsistencia para muchas personas, planteó que el país debe crear condiciones para que esos trabajadores y pequeños negocios puedan operar dentro de la legalidad.
Como referencias, Apede citó las experiencias de Uruguay y Colombia, donde se aplicaron incentivos para facilitar la formalización.
En el caso uruguayo, destacó el modelo de monotributo, que unifica impuestos y seguridad social en un pago simplificado; mientras que en Colombia se redujeron costos no salariales para facilitar la contratación formal en pequeñas empresas.
El gremio sostuvo que combatir la informalidad requiere una política de Estado que trascienda los períodos de gobierno, con medidas para simplificar trámites, digitalizar procesos y crear incentivos fiscales para las microempresas.
